En una decisión calificada como histórica, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en general y en particular, el proyecto de ley que busca reparar la deuda histórica con las y los profesores de Chile.
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La iniciativa, impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, contó con el respaldo del Colegio de Profesoras y Profesores, marcando un avance significativo en el reconocimiento de esta demanda que se arrastra desde la dictadura.
La presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, destacó la relevancia de este paso para el sector educativo.
“Hoy hemos aprobado un proyecto fundamental que, por primera vez, presenta una propuesta respaldada por el Colegio de Profesores y Profesoras. Este es un paso histórico para reparar las injusticias y los abusos que se instalaron durante la dictadura, particularmente en la educación. Es también un cumplimiento importante del programa de gobierno del presidente Boric”, declaró.
RESARCIR INJUSTICIA A LOS DOCENTES
El proyecto de ley reconoce y busca resarcir las injusticias sufridas por miles de docentes durante el traspaso de la educación pública desde el nivel nacional al municipal, lo que resultó en una serie de perjuicios laborales y salariales que han sido calificados como una deuda histórica del Estado de Chile.
La aprobación en la Comisión de Educación marca el inicio del camino legislativo hacia su implementación, pasando ahora a la Comisión de Hacienda y posteriormente a la Sala de la Cámara de Diputados, antes de llegar al Senado.
Schneider subrayó la importancia de avanzar con celeridad en este proceso y llamó a la buena voluntad de todos los parlamentarios en las próximas etapas.
“Espero que en todas las instancias que quedan por delante haya buena voluntad para aprobar este proyecto. Es una respuesta que las y los profesores de Chile llevan esperando toda una vida. Muchos de ellos incluso han fallecido sin ver la reparación de esta deuda, que es una vergüenza para el Estado de Chile”, enfatizó.
Este proyecto representa un avance significativo hacia el reconocimiento y la reparación de los derechos del magisterio chileno, respondiendo a una demanda que ha marcado la agenda educativa del país por décadas.