La comunidad mapuche Choin Lafquenche expresó una fuerte crítica hacia la Defensoría Penal Pública (DPP) tras el inicio del juicio contra tres acusados por el homicidio del sargento de Carabineros Francisco Benavides, ocurrido en 2021 en un sector rural de Collipulli, en la región de La Araucanía.
Durante la primera jornada del juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol decidió continuar con el proceso judicial, una medida que la comunidad cuestionó de manera pública mediante un comunicado.
RENUNCIA A SUS DEFENSAS
El pasado miércoles, los acusados, Matías Ancalaf Prado, Moroni Ancalaf Prado y Rodrigo Calabrano, renunciaron a sus defensas y solicitaron la suspensión del juicio, argumentando la falta de confianza en su representación legal.
Lea también Doble homicidio en La Pintana
Sin embargo, el Tribunal rechazó esta solicitud y asignó la defensa de los acusados a dos defensores penales públicos mapuche, Ricardo Cáceres y Humberto Serri, quienes asumieron la responsabilidad de representarlos en el proceso judicial.
En su comunicado, la comunidad Choin Lafquenche exigió seriedad y compromiso de la Defensoría Penal Pública, particularmente de sus representantes en la región de La Araucanía.
“Exigimos seriedad y responsabilidad de parte de la Defensoría Nacional Pública, y de quien lo representa en la región de la Araucanía; esperamos que se haga presente y responda ante nuestras legítimas demandas, prestando la defensa adecuada a nuestros peñis, ya que sin esto no hay justicia”, señaló el comunicado.
DENUNCIA SESGOS RACISTAS
La comunidad también manifestó su deseo de que el juicio se lleve a cabo, pero destacó que no pueden aceptar que se realice sin una defensa adecuada para los acusados, a quienes consideran víctimas de un sistema judicial que, según ellos, presenta sesgos racistas.
“Queremos que el juicio oral se realice, pero no podemos permitir su ejecución sin la adecuada defensa, ante este estado racista”, afirmaron.
En este contexto, el Ministerio Público ha presentado una acusación en contra de los tres imputados y ha solicitado penas que van desde los 20 años de cárcel hasta presidio perpetuo calificado.
La fiscalía argumenta que existen pruebas suficientes para respaldar estas solicitudes, aunque la defensa aún no ha presentado su caso completo.
El juicio continuará este lunes en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, donde se espera que tanto la defensa como la fiscalía presenten nuevos argumentos y pruebas.
