La ministra en visita extraordinaria para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dictó una sentencia en primera instancia en relación con la destrucción de archivos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. En su resolución, la magistrada condenó a tres exmiembros del Ejército por su participación en la incineración de documentos que contenían antecedentes sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, donde también había información de Eduardo Frei Montalva.
El tribunal condenó al general (r) de brigada Eduardo Jara Hallad y a la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich a tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo, tras atribuirles la autoría del delito de infidelidad de custodia de documentos con grave perjuicio a la causa pública.
Por su parte, el general de división (r) Carlos Chacón Guerrero fue condenado a 200 días de reclusión en calidad de encubridor.
Asimismo, los tres sentenciados deberán pagar una multa de 21 UTM mensuales, aunque se les otorgó el beneficio de cumplir la pena bajo libertad vigilada. La investigación determinó que los documentos destruidos contenían información clave sobre el funcionamiento de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
ARCHIVOS SOBRE FREI MONTALVA
Las pesquisas establecieron que la incineración de archivos microfilmados de la CNI, correspondientes a los años 1980-1982, ocurrió en un período en que la «Mesa del Diálogo» trabajaba en esclarecer crímenes de la dictadura.
La eliminación de estos documentos coincidió con las indagatorias sobre el paradero de detenidos desaparecidos y pudo haber sido crucial en diversas causas judiciales en curso, incluida la que investigaba la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.
DESTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS
Por años, el Ejército negó su implicación en la destrucción de estos registros. Sin embargo, en 2015 una investigación interna reveló indicios de irregularidades en la administración de la documentación.
Aunque inicialmente no se tomaron medidas sancionatorias, el caso se reabrió en 2017 luego de que la organización Londres 38, liderada por Erika Hennings, interpusiera una querella criminal contra los responsables. En esta acción judicial, se les acusó de sustracción y eliminación de documentos, así como de encubrimiento de homicidios y secuestros.
Las víctimas y sus representantes legales recibieron el fallo con satisfacción, aunque manifestaron críticas por la levedad de las penas impuestas.
SENTENCIA
El abogado Nelson Caucoto, representante de Carmen Frei y su hijo Eugenio Ortega, subrayó que la sentencia demuestra cómo el Ejército, incluso en democracia, adoptó medidas para garantizar la impunidad de agentes involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Caucoto enfatizó que es «Trascendental que el fallo deje establecido que se quemaron e hicieron desaparecer las carpetas donde se registraban las operaciones de inteligencia llevadas a cabo contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Qué razones habría para justificar la destrucción de los antecedentes referidos al ex Presidente Frei?, salvo eliminar documentación relativa a su homicidio. El mismo objetivo se presume detrás de incineración para ocultar tantos otros crímenes de la dictadura».
INVESTIGACIÓN
La investigación estableció que entre 1977 y 1990, la CNI operó como el principal organismo de inteligencia y contrainteligencia de la dictadura.
Tras el retorno a la democracia y la disolución de la CNI, el Ejército recibió los archivos y los entregó a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
En 2015, una indagatoria interna buscó esclarecer el destino de estos documentos, pero no arrojó respuestas concluyentes, lo que llevó a la presentación de la querella en 2017.
Durante los años 2000 y 2001, bajo órdenes de sus superiores, la teniente coronel Rojas Kuschevich y el general Jara Hallad llevaron a cabo la destrucción de los documentos sin respetar los protocolos institucionales, lo que resultó en la pérdida de información esencial para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.
