Esta semana, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen con el que resolvió dejar en manos de los tribunales de justicia el debate sobre la «confianza legítima» de los funcionarios públicos empleados bajo la modalidad de «contrata». Cabe señalar que este es el primero que realiza la nueva contralora, Dorothy Pérez.
Con esta resolución, la entidad se desligó de las habituales disputas respecto a «la configuración de la confianza legítima en las contratas». Debido a que, a juicio de la CGR, dicha materia «ha devenido en litigiosa».
Según se dio a conocer, este es un problema recurrente, el cual los funcionarios públicos suelen considerar como un factor de precariedad laboral.
Esto, debido a que las instituciones, cuando incorporan a un trabajador, lo hacen firmar un contrato de duración anual, el cual se debe renovar. Esto quiere decir a contrata.
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DICTAMEN DE CONTRALORÍA
La Contraloría determinó que el debate sobre el plazo que daría origen a la confianza legítima es una «materia que devino en litigiosa».
Por ello, la institución fiscalizadora recalcó que, de acuerdo a la ley, «no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que hubieren sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia».
Concretamente, la Contraloría señala que dichas disputas tendrán que ser resueltas por los tribunales.
DOS INTERPRETACIONES
Tras darse a conocer el dictamen, desde la derecha lo valoraron como una buena medida. De hecho, la diputada Ximena Ossandón (RN) señaló lo siguiente:
«Es verdad que hay que dar estabilidad laboral a los funcionarios públicos, pero no es menos cierto que esta es una buena noticia si tenemos a la vista como este gobierno ha usado el empleo público de manera abusiva e inaceptable».
«Por otra parte, nos gustaría haber visto la misma proactividad e indignación de la CUT y la ANEF cuando se conocieron las condiciones en las falleció el funcionario de la presidencia en La Moneda», agregó la parlamentaria.
Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS), tiene una mirada completamente distinta. A través de su cuenta de X (antes Twitter), indicó que:
«El dictamen de la contraloría vulnera el principio básico de la igualdad ante la ley y constituye discriminación arbitraria, ambas garantías constitucionales. Es un retroceso en derechos de las trabajadores. Debe ser revertido».
En la misma línea, la senadora Yasna Provoste (DC) publicó en su cuenta de X lo siguiente: «Llamamos a la nueva Contralora a que reconsidere su decisión de limitar la defensa de la confianza legítima de los funcionarios públicos solo a tribunales. Esta medida precariza la función pública y afecta la estabilidad de quienes sirven al país».
LOS VERDADEROS AFECTADOS
El dictamen generó la reacción de diversas agrupaciones de funcionarios públicos, los que han expresado su descontento de manera transversal. De hecho, esta jornada se llevó a cabo una manifestación de protesta, la cual fue encabezada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
En ese contexto, Carlos Insunza Rojas, dirigente nacional de la ANEF y consejero nacional de la CUT, se refirió al dictamen de la Contraloría a través de Está Pasando.
«Esto implica que la contralora está dando una señal que es fundamentalmente política, está dando una señal en términos de decirle a las autoridades públicas del país (…), que les está dando carta blanca para usar el Estado como botín y que la Contraloría no va a intervenir».
A ello, agregó que «esto es de la máxima gravedad y tiene afectación no solo respecto de la vulneración de derechos de los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino que implica un grave perjuicio para la función pública, para la continuidad de los servicios públicos, e implica un grave perjuicio también para el Poder Judicial.
Porque finalmente lo que la contralora está haciendo es que está derivando y sobrecargando al Poder Judicial, renunciando además a las obligaciones que legalmente pesan sobre su cargo y sobre la Contraloría».
Respecto a la manifestación, comentó que «a partir de la próxima semana hay una convocatoria que también se va a replicar a nivel nacional el próximo martes.
Vamos a requerir la reconsideración del dictamen y estamos evaluando alternativas para impugnarlo en otras sedes judiciales».
«La ANEF participó en la discusión que hizo la mesa del sector público el día de ayer, donde están las 16 organizaciones más representativas de los trabajadores del Estado y la central, evidentemente, va a ser parte de este proceso que la mesa ha definido», concluyó.
MANIFESTACIÓN DEL DESCONTENTO
Cabe señalar que, durante las últimas horas, diversas agrupaciones de funcionarios públicos han expresado su descontento a través de comunicados.
De hecho, la ANDFUD emitió un escrito, en el cual señalan que «es lamentable, y rechazamos lo resuelto. Pues el dictamen implica o tiene como consecuencia una declaración de abstención anticipada y de carácter genérico».
Junto con ello, indican que «deja a las y los trabajadores sólo una alternativa de protección de sus derechos laborales. Esto es, ante los órganos jurisdiccionales, con los costos económicos y el riesgo que ello significa, pues son conocidos los fluctuantes y también radicales cambios de criterios jurisprudenciales del máximo tribunal del país. Restringir el ejercicio de derechos, debilita la Democracia y estabilidad social», concluyen.
