Esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que busca fortalecer las ferias libres, reconociéndolas y reforzándolas como un pilar fundamental de la alimentación y el desarrollo local.
El proyecto, originado por el gobierno actual, define a las ferias como agrupaciones de comerciantes minoristas y trabajadores independientes que venden principalmente alimentos de origen vegetal y animal.
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PRÓXIMOS CAMBIOS
La propuesta fija criterios comunes para las ordenanzas municipales, con el objetivo de ordenar la entrega de permisos, establecer su duración y definir los rubros autorizados en cada feria.
Además, establece estándares mínimos que deben cumplir estos espacios, tanto en infraestructura como en gestión ambiental y manejo de residuos.
En materia de seguridad, la futura ley contempla una coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales, los municipios y las policías. Esto, con el objetivo de prevenir delitos y mejorar la seguridad en los entornos donde se instalan las ferias libres.
La iniciativa también regula la representación de las ferias libres, las cuales deberán contar con una asamblea general, un comité de representación y una comisión electoral.
Junto con ello, en cada comuna donde existan se constituirá un Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres. Su objetivo será proporcionar una instancia de diálogo entre el municipio y los representantes de las ferias.
Adicionalmente, la norma dispone crear un Registro Nacional de Ferias Libres, a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
NUEVO ORDEN PARA PERMISOS
– Otorgamiento de permisos: los municipios deberán ubicar las ferias libres en lugares adecuados, procurando el menor impacto para los vecinos.
– Distancia entre ferias: toda nueva feria deberá instalarse al menos a 1.200 metros de otras ferias en funcionamiento.
– Gestión ambiental: los municipios deberán coordinarse con las ferias libres para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir la generación de residuos y promover el reciclaje.
– Seguridad: la iniciativa establece que será causal de revocación o no renovación del permiso la condena por delitos graves, como tráfico ilícito de drogas.
