El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, pidió que se exhume el cuerpo de Franco Vargas, el joven que murió durante una marcha del Ejército por el altiplano de Putre mientras realizaba su servicio militar, pera realizarle una segunda autopsia en el Servicio Médico Legal (SML).
Su certificado de defunción afirma que murió por un “infarto agudo al miocardio/muerte súbita”, pero a través de un nuevo examen tanatológico la Fiscalía busca determinar qué pasó antes y si existieron o no apremios ilegítimos que hayan estado vinculados a su deceso.
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El persecutor solicitó una audiencia al Juzgado de Garantía de Arica para obtener una autorización que le permita llevar a cabo esta pesquisa, informó La Tercera.
PROTOCOLO DE MINESSOTA
El escrito afirma que “el Ministerio Público actualmente se encuentra desarrollando una investigación, por el fallecimiento de la víctima Franco Antonio Vargas Vargas” y “apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos”.
Ingresó de urgencia el día 27 de abril al Cesfam Rural de Putre, sin signos vitales, y se constató su deceso a las 07:12 horas. En ese momento se le sometió a una autopsia para determinar su causa de muerte, según detalla el Ministerio Público, pero «no se realizó conforme al Protocolo de Minessota”.
Él “establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita y un conjunto común de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación”, agrega el ente persecutor.
En tribunal fijó la audiencia para el 4 de junio a las 8.30 de la mañana.
¿CUÁL JUSTICIA?
En estos momentos hay dos sistemas de justicia investigando los hechos que conformaron la fatídica marcha por las alturas de Putre: la civil y la militar.
Y no puede seguir así.
El martes el Juzgado de Arica dejó el caso en manos de la Fiscalía.
Según el tribunal civil, “es recomendable, de acuerdo a las directrices del sistema interamericano de Derechos Humanos, que sea la jurisdicción civil u ordinaria”, quien conozca la investigación.
Paralelamente, el 8 de mayo pasado la Corte Suprema designó a Jenny Book como ministra en vista para la causa en la justicia militar.
¿Dónde quedará el caso, entonces?
Eso se resolverá la misma Corte Suprema.
