El Pleno del Consejo Constitucional aprobó la creación de la Defensoría de las Víctimas, incorporándose por primera vez en la historia del país este órgano autónomo en la Carta Magna, lo que era uno de los grandes objetivos de la derecha.
El denominado «Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas» fue aprobado por 49 votos a favor.
El inciso primero dice que este servicio «es un órgano dotado de personalidad jurídica, de una función descentralizada y con una territorialidad desconcentrada. Se relacionará con el Presidente de la República» a través del Ministerio de Justicia, el que tendrá por propósito «garantizar el acceso a la justicia» y promover la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos para la resolución de conflictos.
Respecto de las atribuciones, éstas tienen relación con asesorar, entregar representación jurídica y apoyo integral, psicológico y social a las víctimas de delitos.
El consejero Luis Silva (Republicano) valoró esta norma y expresó que «esta es una institución que viene a saldar una deuda largamente sentida por la ciudadanía, porque los derechos de los delincuentes eran defendidos por el Estado, pero los derechos de las víctimas no».
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Por otro lado, la consejera María Pardo (CS) fustigó que «se ha hecho una selección de crímenes que tienen una categoría de importancia por sobre otros y eso a nosotros nos parece gravísimo, sobre todo en materia de derecho a las mujeres, ya que los delitos sexuales, los delitos de pedofilia y los delitos contra niños y niñas han quedado fuera».
Asimismo, la actual Defensoría Penal Pública tendrá un reconocimiento legal, es decir, inferior, pese a los constantes esfuerzos del órgano por conseguir su autonomía constitucional.
En tanto, el apartado que señala que se tratará de «un órgano desconcentrado del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia» no obtuvo apoyo del oficialismo y fue aprobado con los 33 votos del Partido Republicano y Chile Vamos.
