La Contraloría General de la República verificó que solo 10 establecimientos penitenciarios de régimen cerrado, administrados por Gendarmería, cuentan con inhibidores de señal de telefonía móvil.
De estos, 8 son establecimientos concesionados y 2 de administración tradicional, de los 79 centros que están bajo la gestión de la institución. Esto significa que solo el 12,7% de los centros poseen este sistema.
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Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma y Henry Leal solicitaron este informe.
INHIBIDORES
El sistema en cuestión es «Guardian», contratado por medio de una unión temporal de proveedores compuesta por las empresas Informática Tier1 SpA y Septier Communication LTE.
Este servicio comenzó a operar el 8 de abril de 2024 por un período de 36 meses, a un costo de $5.654.880.000.
CONTRALORÍA
La Contraloría señaló en el informe que se realizaron validaciones en la cobertura del sistema el 20 y 29 de agosto de 2024, en los centros penitenciarios CDP Santiago 1, CDP Santiago Sur y la Unidad Especial de Alta Seguridad.
La prueba reveló que en cinco ocasiones, dispositivos en lista negra accedieron a conexión de voz y datos móviles, además de realizar cambios repetidos de IMSI y IMEI (identificadores de los dispositivos), los cuales no detectó el sistema, según consigna el informe.
Esto ocurrió «debido a que no existe una temporalidad definida en la detección y análisis que realiza el sistema, desconociéndose tanto por Gendarmería como por el proveedor del servicio el tiempo que el aplicativo tarda en concretar la acción de bloqueo», indicó el organismo fiscalizador.
Además, Contraloría afirmó que las validaciones mostraron que «aun cuando un dispositivo móvil se encuentre bloqueado por el sistema, este puede conectarse a internet a través de señales Wifi, situación que conlleva el riesgo de que la población penal pueda mantener conectividad de datos con el exterior».
GENDARMERÍA
Por esta razón, Contraloría instruyó que Gendarmería debe «confeccionar e implementar un procedimiento formal de revisión del funcionamiento del aludido sistema, el cual debe considerar la validación periódica en terreno de, al menos, aspectos tales como: tiempo de detección e identificación de dispositivos, la cobertura de alcance del aplicativo, que los equipos bloqueados ‘lista negra’ no tengan accesos a telefonía móvil y conexión a internet.
Además, dicho procedimiento debe contener las acciones correctivas que se deban efectuar cuando se detecten diferencias y/o irregularidades».
También se instruyó que «deberá informar las medidas o acciones correctivas que la entidad penitenciaria efectuará para mitigar los riesgos provenientes de que equipos bloqueados puedan conectarse a redes Wifi», agregando que este resultado debe ser acreditado en un plazo de hasta 60 días hábiles.
PLAZO
En relación con los dos periodos en los que el sistema no detectó dispositivos, la Contraloría observó que la entidad penitenciaria no aplicó el cobro de multas por dicha inactividad, las cuales ascendían a un monto de $27.000.000.
Por lo tanto, «Gendarmería de Chile deberá remitir la documentación que dé cuenta de los cobros de las multas respectivas en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final y mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR», se indicó en el informe.
Por su parte, la ministra de Ciencias y vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, comentó en una conferencia de prensa que «el sistema está funcionando y es posible hacer muchas mejoras».
