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Contraloría detecta fallas en el Sistema de Admisión Escolar

María González

Periodista

fallas Admisión Escolar
Foto: Agencia Uno
Se pudo postular con RUT de persona fallecida y sistema impide garantizar trazabilidad

Esta semana, se reveló que la Contraloría General de la República (CGR) detectó fallas en el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Cabe recordar que este sistema se puso en marcha en 2016, para cumplir con el fin de la selección establecido en la Ley de Inclusión.

En detalle, un informe elaborado por el ente contralor, al que tuvo acceso El Mercurio, comprobó, entre otras cosas, que se pudo realizar una postulación con el RUT de una persona adulta fallecida. Esto, sin que el sistema emitiera alerta alguna.

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FALLAS EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR

De acuerdo al medio, la entidad realizó un seguimiento a una revisión de 2023, la cual menciona diversos reparos al sistema. Además de poder postular con el RUT de una persona fallecida, el SAE solo conserva «logs» (registros técnicos que permiten rastrear quien ingresó y qué acciones realizó) por un periodo de una semana, lo que impide garantizar la trazabilidad y dificulta detectar irregularidades transcurrido ese plazo.

Según la Contraloría, a la fecha de la revisión existían más de 280 mil campos en blanco en estos registros. Esto «produce una falta de control al momento de revisar las transacciones de la base de datos», precisaron.

Anteriormente, el SAE había registrado problemas con las listas de espera de los escolares. En concreto, estas no avanzaban como se esperaba, o bien, la asignación de establecimientos estaba muy lejos de donde vivía el alumno.

Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo, señaló a El Mercurio que el informe de Contraloría «advierte serias vulnerabilidades en el SAE».

Junto con ello, puntualizó que «la ausencia de controles adecuados permite la manipulación de información, debilita la trazabilidad de los procesos y abre espacio para fraudes o errores que afectan la confianza de las familias».

«Además, se compromete la rendición de cuentas del sistema, erosionando la credibilidad de una política pública que ya está fuertemente cuestionado por las familias», acotó Bravo.

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