La Contraloría Regional de Valparaíso entregó un informe crítico sobre la administración del Gobierno Regional, encabezado por Rodrigo Mundaca, señalando diversas irregularidades administrativas relacionadas con elevados gastos de representación, el uso inapropiado de vehículos oficiales y contrataciones bajo la modalidad de honorarios que no cumplen con la normativa vigente.
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El documento identificó pagos que superan los $32 millones sin respaldo documental adecuado, el uso de automóviles fiscales en días no laborables sin la debida autorización y la constante promoción de la imagen del gobernador en las redes sociales oficiales, lo que podría implicar una infracción al uso de recursos públicos con fines personales o políticos.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Desde la administración regional explicaron que estas observaciones corresponden a aspectos procedimentales y aseguraron haber proporcionado toda la documentación requerida, justificando algunos gastos en actividades oficiales como la Cuenta Pública y jornadas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Asimismo, indicaron que el uso de los vehículos estuvo vinculado a labores de emergencia durante los incendios ocurridos en febrero.
PROBIDAD Y TRANSPARENCIA
Celis: «Que el gobernador dé la cara»
El diputado Andrés Celis (RN) manifestó que la gestión de Rodrigo Mundaca “está lejos de cumplir con los principios de probidad y transparencia. Se constata en este informe un uso indebido de recursos públicos, con gastos que no corresponden al fin legalmente establecido y eso no puede quedar sin consecuencia”.
«Los recursos del Gobierno Regional no son un botín político, con platas de todos los contribuyentes y acá se violaron normas claras… Exijo que el gobernador dé la cara», enfatizó el parlamentario.
INVESTIGACIÓN
Por su parte, el consejero regional (CORE) Osvaldo Urrutia (UDI) reprochó la repetición de conductas que calificó como inadecuadas para una administración pública y subrayó la necesidad de sancionar a los responsables.
La Contraloría anunció la apertura de una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades, principalmente en torno al uso incorrecto de vehículos estatales y a la contratación de personal bajo modalidades no acordes con las funciones habituales.
Los resultados podrían acarrear consecuencias tanto administrativas como legales para quienes sean implicados.
