Esta semana, la Contraloría General de la República reveló serios problemas estructurales en la recepción y destrucción de sustancias ilícitas. Esto, tras realizar auditorías en 10 de los 29 servicios de salud encargados de recibir, acopiar y llevar a cabo la destrucción de drogas incautadas.
En detalle, los servicios regionales carecen de bodegas adecuadas, lo que obliga a almacenar las drogas en oficinas, estantes y pasillos, sin herramientas adecuadas para su destrucción.
Según consignó La Tercera, los informes preliminares de 2023 y 2024 señalaron que la droga incautada puede pasar hasta 288 días sin ser resguardada adecuadamente. Lo anterior, excede el plazo límite de 24 horas establecido en la Ley 20.000.
Por ejemplo, en uno de los servicios, 2.574 muestras decomisadas entre 2020 y 2023 no habían sido analizadas químicamente.
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UNIDADES DE DECOMISO
El 23 de febrero de 2024, un robo en una Unidad de Decomiso resultó en la sustracción de 957 muestras de cannabis no analizadas.
Junto con ello, se identificaron deficiencias en la seguridad de las instalaciones. Esto incluye la falta de cámaras, muros y puertas blindadas, así como problemas con extractores de aire que afectan la conservación de las muestras y la salud del personal.
Cabe señalar que la norma técnica general no. 7 del Ministerio de Salud establece que la Unidad de Decomiso solo recibe evidencias de lunes a viernes.
Esto permite a las policías y Gendarmería cumplir con el artículo 41 de la Ley 20.000 sobre la entrega de decomisos en 24 horas.
Sin embargo, un servicio tardó hasta 384 días en informar a las Fiscalías sobre la eliminación de sustancias ilícitas, incumpliendo la ley.
IRREGULARIDADES EN LA DESTRUCCIÓN DE DROGAS
El informe también reveló falta de probidad y eficiencia de funcionarios policiales y de Gendarmería. Debido a que entregaron drogas incautadas sin confeccionar inmediatamente las actas de recepción, lo que lleva a procesos no transparentes y posibles pérdidas o hurtos.
De hecho, en un recinto se observó que hubo 422 demoras en la destrucción de drogas, con un retraso de hasta 45 días hábiles en la incineración de 11.982.332 gramos de sustancias.
Cabe señalar que la contralora general (s), Dorothy Pérez, junto a la contralora regional (s) de Los Ríos y el jefe de Gabinete CGR, realizaron una visita inspectiva en abril de este año para revisar el procedimiento de quema de drogas incautadas.
Finalmente, se verificó la recepción, custodia, pesaje y eliminación de las drogas incautadas por la PDI, Carabineros y Gendarmería. De esta forma, se verificó el cumplimiento de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
DELEGADO PRESIDENCIAL
Tras darse a conocer las irregularidades, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, abordó la situación
«Más que acusaciones, hay una auditoría, un análisis de los procedimientos por parte de la Contraloría General de la República», señaló Durán.
Junto con ello, aseguró que «nos parece muy bien, muy valioso en el sentido de que efectivamente arroja información relevante respecto de cómo opera esta cadena para la destrucción de la droga. En ese sentido, hay que revisar con mucho detalle el informe y perfeccionar los protocolos».
Por último, el delegado afirmó que, a partir del análisis del informe, se implementarán mejoras en los procedimientos para abordar la situación de manera más eficiente.
«Vamos a tener que buscar mecanismos eficientes y oportunos destinados a perfeccionar los mecanismos a través de los cuales se hace el acopio y por supuesto la destrucción de esta droga en tiempo más acotado», concluyó.
