La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 3.532 funcionarios del Estado hicieron uso de licencias médicas extendidas por alguno de los 44 médicos actualmente investigados penalmente por el Ministerio Público, por su presunta participación en la emisión y/o comercialización fraudulenta de estos documentos.
La CGR recopiló esta información en el decimotercer Consolidado de Información Circularizada (CIC), a partir de un listado entregado por la Fiscalía Nacional que incluía 10.111 licencias emitidas entre 2020 y 2022 por los profesionales de salud cuestionados.
Lea también: Censo 2024 revela alza en escolaridad: promedio alcanza 12,1 años
A través del cruce de datos con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y otras fuentes institucionales, el órgano fiscalizador identificó que de las 6.632 personas que recibieron estas licencias, un total de 3.532 aún ejercían funciones públicas en junio de 2025.
LICENCIAS
Se constató además que el 79 % de estas licencias se asociaba a diagnósticos de salud mental, sumando 192.781 días de reposo médico autorizados.
En cuanto a los facultativos indagados, todos tienen nacionalidad extranjera.
Diez de ellos trabajaron en el sector público entre 2019 y 2024, pero cinco no cumplían con el requisito del Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), necesario para ejercer en instituciones del sistema público de salud.
INFORME
El informe también señala que los médicos cuestionados otorgaron licencias a personal de distintas regiones del país, incluyendo trabajadores de municipalidades, Fuerzas Armadas, policías, SLEP, Gendarmería y entidades públicas y privadas.
Adicionalmente, la CGR detectó que 5.284 trabajadores que recibieron licencias entre 2020 y 2022, volvieron a solicitarlas en el período 2023-2025, de las cuales 1.208 fueron emitidas por seis de los médicos ya investigados.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría notificará a los servicios públicos con funcionarios en ejercicio involucrados, para que se inicien los sumarios correspondientes. También requerirá a los organismos que contrataron médicos extranjeros que justifiquen la contratación de profesionales sin EUNACOM.