Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el Gobierno Regional de La Araucanía y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (Seremitt) desembolsaron más de $396 millones por un proyecto de modernización del transporte público que no llegó a ejecutarse completamente.
El contrato, firmado con la empresa Cityplanning SpA, contemplaba la implementación de un plan piloto de validadores para el transporte público en Temuco y Villarrica. La iniciativa llevaba por nombre “Evaluación de un sistema regional piloto de recaudo, información al usuario y gestión del transporte”. Y fue financiada en su totalidad por el GORE.
El proyecto, sin embargo, quedó trunco. De acuerdo al informe de Contraloría, durante la revisión de fondos utilizados entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de marzo de 2024, se comprobó que la iniciativa no se implementó en Temuco por “impedimentos técnicos” y la falta de operadores dispuestos a participar en el piloto.
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PROBLEMAS TÉCNICOS
El informe señala que “no hubo operadores de transportes que quisieran adherirse al proyecto”. A esto se sumó una “falta de compromiso de los operadores tecnológicos de los servicios de transporte de Temuco, y la falta de diligencia en el cumplimiento de las necesidades del piloto de recaudo”.
Pese a que el GORE y la Seremitt detectaron estas limitaciones, no se tomaron medidas sancionatorias frente a los retrasos e incumplimientos de Cityplanning SpA. Según la Contraloría, la empresa incurrió en demoras en la entrega de informes de avance, situación que debió haber implicado la aplicación de multas.
En ese sentido, el organismo contralor determinó que el GORE debió sancionar a la empresa con una multa de $95.964.504, pero esta no fue aplicada. En su lugar, se procedió al término anticipado del contrato, invocando una causal de mutuo acuerdo. La cual —según Contraloría— “no se ajustaría a las circunstancias que realmente correspondían”.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Como consecuencia de los hallazgos, la Contraloría ordenó el inicio de procedimientos disciplinarios tanto en el GORE como en la Seremi de Transportes, con el fin de identificar responsabilidades administrativas vinculadas al mal manejo del proyecto.
Además, el Gobierno Regional deberá “evaluar la procedencia de descontar estados de pago y aplicar las multas correspondientes por un total de $95.964.504”, de acuerdo con lo establecido por el organismo fiscalizador.
