Tras ser confirmada el lunes en el cargo, la nueva contralora, Dorothy Pérez, emitió su primer dictamen como titular de la Contraloría General de la República (CGR). Con el cual, resolvió dejar en manos de los tribunales de justicia el debate sobre la «confianza legítima» de los funcionarios públicos empleados bajo la modalidad de «contrata».
A través de la resolución, la entidad se desligó de las habituales disputas respecto a «la configuración de la confianza legítima en las contratas». Debido a que, a juicio de la CGR, dicha materia «ha devenido en litigiosa».
Cabe señalar que esto se trata de un problema recurrente y que los funcionarios públicos suelen considerar como un factor de precariedad laboral.
Debido a que las instituciones, cuando incorporan a un trabajador, lo hacen firmar un contrato de duración anual, el cual se debe renovar. Esto quiere decir a contrata.
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DICTÁMENES PREVIOS
En dictámenes previos, la Contraloría había determinado que las «continuas renovaciones de las contratas —desde la segunda al menos— generan en los servidores la confianza de que tal práctica será reiterada en el futuro».
Cabe indicar que la definición fue respaldada también por la Corte Suprema. La cual, señaló inicialmente que el plazo necesario para dicha determinación era de dos años.
Sin embargo, desde 2022 el máximo tribunal ha sostenido en reiterados fallos que dicho principio opera sólo después de cinco años de trabajo bajo la modalidad de contrata.
EMPLEADOS PÚBLICOS
La Contraloría determinó que el debate sobre el plazo que daría origen a la confianza legítima es una «materia que devino en litigiosa».
La institución fiscalizadora recalcó que, de acuerdo a la ley, «no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que hubieren sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia».
En concreto, señalan que dichas disputas tendrán que ser resueltas por los tribunales.
POSIBLES DESPIDOS ARBITRARIOS
Tras darse a conocer el dictamen, la CUT y la ANEF se pronunciaron en contra de la interpretación del organismo. En detalle, a través de sus cuentas de X, acusan que esto podría abrir la puerta a despidos arbitrarios en el Estado.
«¡Estamos en alerta!. No permitiremos que las y los trabajadores públicos, sean tratados como un botín político. Desde la CUT, junto a la Mesa del Sector Público de la Central, vemos con preocupación el reciente dictamen, emitido de manera unilateral, por la Contralora Dorothy Pérez.
Vulnerando el derecho administrativo de confianza legítima y abriendo la puerta a despidos arbitrarios en el Estado», señaló la CUT en la red social.
Por su parte, la ANEF, a través de la misma red social, cuestionó el dictamen e indicó que va a precarizar el empleo público.
«Nuevo Dictamen de la @Contraloriacl termina con la jurisprudencia administrativa sobre la “confianza legitima”. Precarizando aún más la estabilidad del empleo en el Estado», dijo José Perez, presidente de la Anef.
🔴 ¡Estamos en alerta! No permitiremos que las y los trabajadores públicos, sean tratados como un botín político.
Desde la CUT, junto a la Mesa del Sector Público de la Central, vemos con preocupación el reciente dictamen, emitido de manera unilateral, por la Contralora Dorothy… pic.twitter.com/yGUlvxnVqy— CUT Chile ✍️🗳 (@Cutchile) November 7, 2024
Nuevo Dictamen de la @Contraloriacl termina con la jurisprudencia administrativa sobre la «confianza legitima», precarizando aún más la estabilidad del empleo en el Estado @anefchile @Cutchile @GobiernodeChile @Senado_Chile @Camara_cl @OITconosur pic.twitter.com/yo7culAVeG
— José Pérez Debelli (@japdebelli) November 7, 2024
