Pérez destacó que el año pasado se realizaron 800 auditorías, además de numerosas fiscalizaciones más pequeñas. Explicó que las auditorías implican procesos de revisión más complejos y profundos y que actualmente se trabaja tanto en aspectos evidentes como en otros menos visibles.
«¿Cuántas cosas son evidentes para todos? (…) No lo sé para la ciudadanía, pero para la Contraloría son claras, son normas que deben cumplirse. ¿Cómo no iba a haber un funcionario que se diera cuenta de eso y presionara para obtener mejoras?», señaló la contralora.
BENEFICIOS
Sobre los aspectos menos evidentes, agregó que hay un tema prioritario que será el foco del próximo año: la revisión de la entrega de beneficios sociales. «Estamos verificando que los recursos realmente lleguen a quienes más los necesitan», indicó. «Existe un número importante de beneficios entregados a personas que, al revisarlas, tienen condiciones económicas elevadas y, aun así, reciben apoyos destinados a quienes están en situaciones de gran necesidad», precisó.
La contralora enfatizó que esto se trata únicamente de cumplir con las normas vigentes. «No necesitamos cambios legales; necesitamos más personal para fiscalizarlo. Como no vamos a tener más gente, estamos trabajando con bases de datos para lograrlo».
Finalmente, Pérez resaltó la importancia de que los funcionarios y sus jefaturas cumplan con sus responsabilidades: «Tomar decisiones y hacer lo correcto tiene costos, y pocas personas quieren asumirlos. Por eso, para mí, lo más importante es el control jerárquico que deben ejercer las jefaturas».
