En un año lleno de cuestionamientos respecto al manejo de los considerables recursos de las municipalidades, la Contraloría General de la República dio a conocer esta semana un informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) sobre las unidades de control de los municipios chilenos.
Este informe reveló que más de la mitad de estas áreas operan con equipos reducidos para supervisar presupuestos que oscilan entre los $3 mil y los $500 mil millones.
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El documento señala que el 58% de las unidades de control interno en los municipios del país dispone de solo uno a tres funcionarios para fiscalizar los recursos municipales.
DÉFICIT
Este déficit adquiere especial relevancia en un contexto donde varias comunas han reportado situaciones financieras deficitarias tras la llegada de las nuevas administraciones desde el 6 de diciembre.
La publicación coincide con un momento crítico, ya que el Ministerio Público mantiene abiertas aproximadamente 642 investigaciones en diversas regiones por delitos de malversación y fraude al Fisco que involucran a alcaldes y funcionarios municipales de distintos sectores políticos.
Casos emblemáticos, como los de Raúl Torrealba (ex-RN) en Vitacura, Cathy Barriga (ind. UDI) en Maipú y Daniel Jadue (PC) en Recoleta, han puesto de manifiesto las debilidades en los mecanismos de control financiero en las comunas.
MUNICIPIOS DEL PAÍS
El análisis abarca los 345 municipios del país y destaca diferencias significativas en la dotación de personal, incluso considerando las proporciones y magnitudes de los gobiernos locales.
Según el desglose de datos, el 23% (81 municipios) tiene solo un funcionario en estas áreas, el 35% (120) cuenta con dos o tres trabajadores, el 32% (109) dispone de entre cuatro y nueve personas, y solo el 10% (35) posee más de diez funcionarios.
Un detalle relevante es que solo cinco comunas del país tienen más de 20 funcionarios para resguardar sus recursos financieros. Entre estas destacan Las Condes, con 35 funcionarios que fiscalizan $454.949 millones; Santiago, con 28 funcionarios para un presupuesto de $377.735 millones; Viña del Mar, con 23 para $164.596 millones; Lo Barnechea, con 22 para $223.988 millones; y Puerto Montt, con 21 para $245.585 millones.
COMUNAS
En contraste, en comunas como Colbún, en la Región del Maule, un único funcionario debe supervisar un presupuesto de $47.459 millones, mientras que en Mostazal, en la Región de O’Higgins, la situación es similar con $44.751 millones bajo su responsabilidad.
En el norte del país, Illapel cuenta con un funcionario para fiscalizar $39.235 millones, y Ovalle, con cuatro, debe supervisar $33.525 millones. Hacia el sur, Laja y Mulchén tienen cada uno un funcionario para vigilar presupuestos de $35.185 y $37.040 millones, respectivamente.
REGIÓN METROPOLITANA
En la Región Metropolitana, Colina dispone de tres funcionarios para fiscalizar $35.157 millones cada uno, mientras que Providencia, con 11 trabajadores, asigna a cada uno el control de $20.151 millones.
Losmunicipios más grandes como Temuco, nueve funcionarios supervisan $254.691 millones, lo que implica una carga promedio de $28.299 millones por persona.
En San Joaquín, 11 funcionarios deben fiscalizar $56.475 millones, con una carga promedio de $5.134 millones por persona.
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALES
Karina Delfino (PS), presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Quinta Normal, señaló que el informe refleja las desigualdades entre los municipios en términos de tamaño, presupuesto y realidades territoriales.
Según ella, «Un municipio pequeño, para aumentar su equipo de control, debe necesariamente reasignar personal desde otras áreas, lo que implica ‘desvestir un santo para vestir a otro’. Se hacen grandes esfuerzos por fortalecer la fiscalización interna, pero hay una limitación estructural de recursos».
No obstante, añadió que la efectividad de estas unidades «Muchas veces no tiene relación con la cantidad de funcionarios que tenga, sino que sus capacidades de gestión y fiscalización».
Delfino concluyó: «Estamos trabajando para que los municipios sean modernos, transparentes y respondan de manera oportuna a la ciudadanía».
CONTRALORÍA
La Contraloría enfatizó que estas unidades son fundamentales dentro del Sistema Nacional de Control, cumpliendo roles clave como auditorías internas, fiscalización presupuestaria, asesorías al concejo municipal e identificación de actos ilegales.
El informe concluye que fortalecer estas unidades es urgente, especialmente en municipios con grandes presupuestos y pocos funcionarios, para evitar que las deficiencias sigan facilitando la corrupción.
En este escenario, muchos alcaldes recién asumidos han optado por realizar auditorías externas, una medida que suele contar con la aprobación unánime de los concejos municipales.
Sin embargo, según la contralora Dorothy Pérez, estas auditorías deben ser una labor regular de las unidades de control interno, las cuales operan de manera autónoma dentro de la administración local y representan, en sus palabras, la “tercera línea de control” del sistema financiero municipal.
