Este martes, la Contraloría anunció el inicio de un sumario en la Vialidad de Arica. Lo cual, es debido a irregularidades en obras tras el deslizamiento de rocas que dejó aislada a la región en 2024.
Los hechos se remontan a octubre de ese año, cuando el deslizamiento de taludes y arrastre de piedras y materiales provocó que la Cuesta Cultura Chinchorro en la Ruta 5 Norte quedara inhabilitada. Con esto, Arica y Parinacota quedó apartada del resto del país.
Lea también: Contraloría inicia fiscalización por reconstrucción tras megaincendio.
SUMARIO CONTRA VIALIDAD DE ARICA
Tras ello, la Contraloría General inició una auditoría en la Dirección de Vialidad de Arica, determinando el inicio de un sumario administrativo. Esto, debido a una serie de irregularidades en el actuar de dicho servicio para atender la urgencia.
En ese contexto, detallaron que un oficio de 2025, revela, en primer lugar, que los trabajos de emergencia realizados por el mencionado servicio no contaban con un informe de geotecnia sobre el comportamiento del cerro y que respaldara la solución propuesta.
«Otro hecho de relevancia detectado es que la instalación de la malla no se ajusta al perfil tipo ni al esquema propuesto por el fabricante. Asimismo, se evidenció que no se han realizado ensayos de resistencia de los pernos de anclaje o anclajes de cable, lo que supone un alto riesgo de que nuevos deslizamientos provoquen accidentes o nuevos cortes de la ruta», agregaron.
Por otra parte, se identificó que el convenio de trato directo para ejecutar la obra de emergencia «Conservación Obras por Emergencia Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Cultura Chichorro, Región de Arica y Parinacota» —firmado el 30 de octubre de 2024— aún no cuenta con la aprobación mediante el acto administrativo correspondiente.
Del mismo modo, no se presentaron los antecedentes que expliquen las razones de la demora en la suscripción del contrato. Esto, pese a tratarse de una situación de urgencia. Incluso, se constató que el contratista ha iniciado la ejecución de las obras sin haber recibido pagos, lo que podría poner en riesgo la continuidad del contrato ante una eventual insolvencia.
Finalmente, se verificó que la obra destinada a reforzar o reponer la infraestructura vial, con el fin de restablecer la conectividad afectada por los daños, carece de la identificación presupuestaria correspondiente.
