Esta semana, la alcaldesa de Quilpué y la representante legal de la familia de Alejandro Correa, Janet Bruna, se reunieron con la encargada de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez.
La instancia, fue para exigir que el Serviu de Valparaíso ejecute la orden vigente de desalojo y demolición en el terreno tomado que pertenecía al empresario asesinado en 2020.
Cabe precisar que la abogada Bruna valoró que el Ministerio de Vivienda reconociera que no es la familia la responsable de llevar adelante el procedimiento. «Por fin, la Seremi reconoce que no es la familia la que debe desalojar las construcciones ilegales, sino el Estado», detalló.
«Hemos tenido desde 2021 declaraciones y órdenes de papel que esperamos se concreten. Ojalá se fije una fecha específica antes de las elecciones, si es que existe voluntad política», señaló.
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CONTRALORÍA POR TERRENO EN QUILPUÉ
En tanto, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, explicó que «lo que nosotros estamos llamados es a demoler y vamos a realizarlo. Ya notificamos la demolición, notificamos a los ocupantes, trabajamos junto al Serviu para el proyecto y con otros servicios para aquello».
«Estamos en lo mandatado por el ministro: avanzar en la demolición y hacer todas las coordinaciones necesarias», afirmó la seremi.
Según la autoridad, los recursos para la obra ya están en trámite y ascienden a cerca de 88 millones de pesos. Estos fondos serán parte de un contrato con una empresa encargada de la demolición, cuyo proceso administrativo aún se encuentra en etapa de definición.
