Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) reveló una serie de graves vulneraciones en el procedimiento de recepción, custodia y destrucción de drogas incautadas en diversos servicios de salud del país, las cuales representan un incumplimiento directo a la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico de estupefacientes.
Los hallazgos, contenidos en 17 informes, fueron adelantados por la contralora general Dorothy Pérez en su presentación de la ENADE 2025. En la instancia, reveló haber detectado «diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud».
Asimismo, desde el organismo fiscalizador señalaron que las principales fallas se repiten a lo largo del país, afectando la calidad e integridad de los datos y, consecuentemente, la trazabilidad de la evidencia judicial.
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CONTRALORÍA POR DESTRUCCIÓN DE DROGAS
El proceso, que establece que la droga incautada por la PDI, Carabineros y Gendarmería debe ser enviada a los servicios de salud para su destrucción, presenta desórdenes críticos:
Diferencias de Pesaje: Se advirtieron inconsistencias en el pesaje de los decomisos entre el servicio de salud y las instituciones policiales. Lo cual, implica una pérdida de trazabilidad del peso, especialmente en aquellos decomisos que incluyen planta de cannabis.
Seguridad Informática Crítica: Los registros de decomisos se gestionan con herramientas deficientes, como una «planilla Excel sin mecanismos de mínimos de seguridad». En ese contexto, se comprobó la existencia de al menos siete casos con errores de transcripción.
Retrasos Legales: La Ley N° 20.000 establece que la droga incautada debe ser entregada al Servicio de Salud dentro de las 24 horas siguientes. Sin embargo, los informes detectaron que tanto la PDI como Carabineros incumplieron sistemáticamente este plazo.
Demoras en el Ministerio Público: También se observaron incumplimientos en el plazo para informar al Ministerio Público los resultados de los análisis de laboratorio. De hecho, en algunos casos suman más de 350 días de retraso.
DEFICIENCIAS EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
Los informes de la CGR también exponen graves deficiencias en la infraestructura. Lo cual, no solo vulnera la Ley 20.000, sino que pone en riesgo la seguridad de los funcionarios:
Bodegas en Mal Estado: Se detectaron deficiencias en la infraestructura y seguridad de oficinas y bodegas de decomisos, con bolsas y cajas con drogas en el suelo y falta de elementos de protección personal. En algunos casos, las bolsas de almacenamiento y transporte estaban rotas, sin constar que su contenido fuera el recepcionado.
Unidades de Quema Inadecuadas: Las unidades de quema carecen de elementos esenciales como ventilación, sistemas de extracción de aire, cámaras de seguridad y control de temperatura y humedad.
Riesgo de Combustión: Se observó la falta de un lugar exclusivo para el almacenamiento de sustancias líquidas y residuos tóxicos. Lo anterior, aumenta el riesgo de derrames que pueden provocar «combustión y explosiones dentro de la bodega».
Seguridad de Acceso: Se detectó la falta de controles de acceso, tarjetas sin nominar e inexistencia de registros de ingreso a las dependencias.
Por último, el organismo fiscalizador evidenció la falta de un sistema informático integrado para el control de la recepción y destrucción de drogas, lo que dificulta la trazabilidad y la relación directa entre los decomisos recibidos y sus respectivas actas de destrucción.
📒INFORMES DE AUDITORÍA | Desorden, fallas en registros y retrasos: Detectamos irregularidades en proceso de destrucción de droga incautada.
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— Contraloría (@Contraloriacl) October 15, 2025
