En medio de un reforzamiento de los mecanismos de control del gasto fiscal, la Contraloría General de la República anunció que intensificará la fiscalización sobre los beneficios sociales, con el objetivo de asegurar que estos lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales.
La medida se enmarca en el plan de fiscalización 2026, que prioriza la correcta asignación de recursos estatales en áreas sensibles como infancia, migraciones y, especialmente, la entrega de ayudas sociales. La contralora Dorothy Pérez explicó que este último eje concentra una alta cantidad de recursos debido a su impacto directo en las finanzas públicas.
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Durante su exposición en el conversatorio “Probidad y Eficiencia del Estado”, realizado en la Universidad de los Andes, Pérez enfatizó que el desafío central es evitar distorsiones en la distribución de fondos fiscales. “No siempre existen recursos suficientes para cubrir todas las necesidades, por lo que es clave corregir los abusos para destinarlos donde realmente se requieren”, sostuvo.
CONTROL SOBRE ASIGNACIONES INDEBIDAS
Actualmente, el organismo está revisando diversos beneficios, como el subsidio de arriendo, para verificar que los beneficiarios cumplan con las condiciones establecidas por la ley. La fiscalización apunta a detectar eventuales inconsistencias, como personas que reciben ayudas sin cumplir los requisitos o que mantienen situaciones incompatibles con los beneficios.
Según la contralora, esta labor responde directamente al mandato ciudadano expresado en la legislación vigente. “Lo que estamos resguardando son los intereses de los ciudadanos, asegurando que las reglas definidas se cumplan”, afirmó.
POSIBLES IRREGULARIDADES Y MARGEN DE ERROR
Si bien no existe una estimación precisa sobre el número de casos irregulares, la autoridad reconoció que el volumen de datos revisados puede implicar cierto margen de error. No obstante, advirtió que podrían detectarse situaciones como subsidios otorgados a personas con propiedades o a beneficiarios que ya no residen en el país.
El despliegue de esta nueva fase fiscalizadora se suma a otras acciones recientes del organismo, que han puesto en cuestión distintos mecanismos de uso de recursos públicos, consolidando una estrategia orientada a fortalecer la probidad y la eficiencia del Estado.
