La Contraloría General de la República ya había validadó hace más de 12 años la destitución de un funcionario de la Defensoría Penal Pública que utilizó una licencia médica para ausentarse de su trabajo mientras realizaba un viaje internacional previamente planificado. Dicha decisión refuerza la capacidad de los servicios públicos para aplicar sanciones disciplinarias por vulneraciones a la probidad, incluso cuando la COMPIN o una ISAPRE no hayan invalidado el documento de reposo.
Lea también Revelan casos de chilenos a los que se les canceló la visa waiver
El dictamen, fechado el 2 de octubre de 2012, pero reflotado en una publicación del medio de comunicación Biobio Chile, en medio de la crisis por el uso fraudulento de licencias en el Estado, confirmó la legalidad del sumario que terminó con la salida de Pedro Alberto Casanueva Werlinger. El funcionario había encubierto su ausencia laboral con una licencia médica, pese a que sabía que no podía usar días de feriado o permisos.
DEFENSA DESESTIMADA: SUMARIO FUE AJUSTADO A DERECHO
La defensa de Casanueva alegó ese año vicios procedimentales, falta de competencia del servicio para sancionar y desproporción en la medida disciplinaria. No obstante, el entonces contralor Ramiro Mendoza rechazó cada uno de los argumentos. El dictamen precisó que la prórroga en la etapa indagatoria no vulneró derechos y que la falta de notificación de resoluciones internas no constituye un vicio legal.
Uno de los puntos centrales del reclamo fue que solo la COMPIN o una ISAPRE podrían calificar como indebido el uso de una licencia médica. Sin embargo, la Contraloría distinguió entre la potestad sanitaria de esas entidades para revocar el beneficio y el deber de los servicios públicos de aplicar sanciones por faltas a la probidad.
CONDUCTA INCOMPATIBLE CON LA ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO
El organismo fiscalizador sostuvo que la falta no fue médica, sino administrativa: el funcionario viajó al extranjero con conocimiento de que no podía hacerlo, y usó una licencia médica para encubrirlo. “La sanción expulsiva se aplicó no por el eventual mal uso clínico de la licencia, sino por la conducta deliberada y poco transparente del funcionario, incompatible con la ética y probidad que exige el cargo público”, señala el fallo.
Además, la Contraloría citó dictámenes anteriores que refuerzan la idea de que, ante infracciones graves a la probidad, no corresponde aplicar atenuantes y que la autoridad tiene la obligación de aplicar la sanción establecida por ley.
PRECEDENTE CLAVE EN MEDIO DE ESCÁNDALO NACIONAL
El caso recobra fuerza en momentos en que se investigan miles de licencias fraudulentas en el aparato público. Solo en el gobierno central se han iniciado más de 6.600 sumarios, y recientemente Codelco despidió a 21 trabajadores que también viajaron al extranjero durante licencias médicas.
La resolución subraya que los servicios públicos no solo tienen el derecho, sino el deber de sancionar a quienes infringen principios como la transparencia y la probidad. Aunque el dictamen data de 2012, su vigencia jurídica y ética lo posiciona como un referente ineludible ante el nuevo escándalo que remueve los cimientos del empleo público en Chile.
El informe de Contraloría es gravísimo: más de 25 mil funcionarios viajaron al extranjero con licencia médica. Es fundamental que el Gobierno impulse una auditoría profunda y que el CDE actúe. No podemos naturalizar abusos que dañan la fe pública y el servicio estatal. pic.twitter.com/Ee3fzS5sUu
— Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) May 20, 2025
