La Contraloría General de la República (CGR) ordenó un sumario administrativo en el Departamento de Control de Orden Público (COP) de Carabineros luego de acreditar graves anomalías a nivel nacional en distintas áreas de la institución.
Según Interferencia, la auditoría reveló que había 43 funcionarios en distintas comisarías COP que “no contaban con el examen sicológico requerido para el ingreso a dichas unidades”.
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Además, dio cuenta de que funcionarios que se encuentran no aptos “siguieron prestando funciones”.
La CGR revisó la base de datos policial y halló que al menos 35 funcionarios no contaban con una resolución que los autorice o habilite «para el uso de la escopeta antidisturbios carabina lanza gases en situaciones de Control del Orden Público».
EXÁMENES FÍSICOS Y COGNITIVOS
Al respecto Contraloría estableció que «Carabineros de Chile deberá elaborar un procedimiento que detalle el desarrollo del ingreso de los funcionarios a las unidades COP, indicando las formas de rendición de exámenes físicos y cognitivos para la admisión y los criterios utilizados para su aprobación».
«De igual forma, establecer mecanismos de control que permitan asegurar que dicho proceso se realice de manera uniforme en la totalidad de las reparticiones», agregó.
Además, «deberá remitir los certificados que acreditan tanto la realización de los exámenes psicológicos al personal de las unidades COP como su resultado aprobado o reprobado o, en su defecto, si no cuentan con ellos, tendrán que aplicarlos, para asegurar que los funcionarios que se observan cuentan con el perfil para desempeñar labores en tales dependencias, según lo exige su normativa interna».
RESGUARDO DE IMÁGENES
Asimismo, el informe de Contraloría dio cuenta de que la institución policial tiene problemas en los registros de imágenes, especialmente con las cámaras corporales.
Relacionado con lo mismo, Contraloría acreditó que hubo 754 solicitudes de registros realizadas por ejemplo, por la PDI, fiscalía, INDH, Asuntos Internos, Contraloría, Cámara de Diputados, Equipos de Alta Complejidad y acceso por Ley de Transparencia «a los que se les respondió en su oportunidad, la inexistencia de una evidencia audiovisual, sin dar una justificación de dicha ausencia”.
El ente contralor cuestionó, además, que para determinadas labores los funcionarios usen el correo institucional y no el personal, y también la falta de equipos informáticos para extraer imágenes de cámaras y drones para que sean debidamente guardas y evitar que estas desaparezcan.
Respecto de este último punto, Carabineros respondió que existe un plan de renovación financiado con “recursos extraordinarios” de la Ley de Presupuestos 2023 y aprobado técnicamente.
Aseguró que se prepara un contrato de arriendo con la empresa proveedora, cuyo nombre no detalló.
