A pesar de que la Ley de Seguridad Municipal fue aprobada en términos generales este lunes en la comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado, en su segundo trámite legislativo, el debate aún continúa abierto y varios puntos clave quedaron pendientes para ser discutidos en detalle.
La sesión, que se extendió por más de dos horas y media, dejó en evidencia las discrepancias entre el Ejecutivo, los parlamentarios y los alcaldes respecto al financiamiento, las facultades de los guardias municipales y la autonomía de los municipios en materia de seguridad. Este martes se llevará a cabo una mesa técnica para abordar los puntos más conflictivos.
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Mientras tanto, el miércoles, la comisión unida retomará la votación con la expectativa de lograr un despacho completo de la ley, que está en trámite desde mayo de 2023.
PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo fortalecer las funciones de seguridad de los municipios mediante el endurecimiento de las penas para quienes agredan a los guardias municipales, la eliminación de los límites en su dotación y la distribución de financiamiento a los municipios.
Durante la sesión, el debate se centró en un punto crucial: el grado de autonomía que tendrán los municipios en materia de seguridad y la necesidad de que sus proyectos pasen por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Mientras algunos parlamentarios sostuvieron que la iniciativa no debe convertir a los municipios en una policía local, otros advirtieron que la excesiva centralización de recursos y decisiones podría restringir su actuación.
PRINCIPALES PUNTOS
Uno de los principales puntos conflictivos fue la exigencia de que los municipios necesiten certificados de pertinencia para presentar proyectos de seguridad, lo que algunos consideraron una traba burocrática.
Esto generó un cruce de opiniones sobre si se estaban imponiendo límites artificiales a la autonomía municipal, como señaló, por ejemplo, la senadora Paulina Vodanovic (PS).
DISCUSIÓN
En medio de la discusión, el senador Manuel José Ossandón (RN) criticó que el acceso al financiamiento para proyectos municipales aún dependa de Prevención del Delito y no de los Gobiernos Regionales, lo que, según indicó, en la práctica impediría a muchas comunas acceder a los recursos.
«Los municipios que tienen plata pueden resolverlo por su cuenta, pero los que no tienen nada, quedan atados de manos», señaló. En la misma línea, advirtió que sin acceso a financiamiento suficiente, la norma se convertiría en «ley de las manos peladas».
Debido a estas diferencias, se decidió postergar el debate para la mesa técnica del martes, donde se espera resolver los puntos más conflictivos antes de la próxima votación del miércoles.
REACCIONES
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, valoró la aprobación en general del proyecto, destacando que permitirá avanzar en temas esenciales, pero descartando que las nuevas indicaciones abran la puerta al uso de armas no letales para los guardias municipales. «Ese tema está excluido desde el primer momento en el proyecto, es decir, no se ha innovado respecto del texto que ya fue aprobado».
Sin embargo, la discusión sobre la inclusión de pistolas Taser entre las herramientas disponibles para la seguridad municipal será parte de un debate que se dará el próximo miércoles, ya que el senador Ossandón confirmó que se presentará esta indicación.
En relación con las indicaciones del Ejecutivo, Leitao explicó que se han trabajado de manera conjunta con la comisión técnica y que muchas de ellas recogen propuestas del Senado. «No hay indicaciones individuales, todas buscan mejorar los elementos de protección de los guardias municipales. No se ha innovado en ese sentido, pero sí se mantendrá la discusión inmediata, ya que la urgencia ha sido solicitada debido a situaciones gravísimas que afectan la seguridad», sostuvo.
PUNTOS CONTROVERTIDOS
Uno de los puntos más controvertidos sigue siendo el financiamiento del proyecto. El presidente de la Comisión de Seguridad, senador Iván Flores (DC), advirtió que la distribución de recursos no es equitativa. «Los municipios quieren que se regularice lo que hoy están haciendo, pero el financiamiento será lo último en resolverse. No podemos legislar para unos municipios y para otros casi nada», enfatizó.
Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Gobierno, senador Ossandón, cuestionó la forma en que se ha estructurado la iniciativa y el acceso de los municipios a los recursos.
«Esta ley tiene un problema de origen. Nos tomó casi una hora discutir que los municipios no pueden postular directamente a fondos de los Gobiernos Regionales, sino que deben pasar por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso no puede ser. Hay municipios que tienen los recursos, pero no pueden disponer de ellos sin pasar por este filtro», criticó.
