Esta semana, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por eventuales responsabilidades y negligencias en el mega apagón de febrero. Tras lo cual, el Consejo Directivo del CEN afirmó que ya fue notificado del proceso.
En este sentido, detallaron mediante una declaración pública que «en el marco de la normativa e institucionalidad del sector», están analizando los mencionados cargos. Asimismo, precisaron que ejercerán «su derecho a defensa» con los antecedentes necesarios. Esto, «con la convicción de que este procedimiento debe regirse por los principios del debido proceso, la legalidad y la transparencia».
«El Coordinador Eléctrico Nacional reafirma su compromiso con una operación segura, a mínimo costo y acceso abierto al Sistema Eléctrico Nacional», concluye el comunicado.
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COORDINADOR ELÉCTRICO POR CARGOS DE LA SEC
Esta semana, se conoció que la SEC no solo apuntó al Consejo del Coordinador Eléctrico, sino a ocho empresas más. Las cuales, corresponden a Interchile, Transelec, Engie Energía, AES Andes, CGE Transmisión, Alfa Transmisora, Bioenergía Forestales y Generadora Metropolitana.
Respecto al CEN, la superintendenta Marta Cabeza, aseguró que habría operado el sistema en condiciones inseguras. Esto al permitir que se transmitieran 1.800 megawatts por la línea Nueva Maitencillo–Polpaico, siendo que el límite seguro es de 1.600 MW.
Cabe precisar que las diversas eléctricas fueron criticadas por otro tipo de irregularidades. En el caso de InterChile, que fue apuntada fuertemente como posible causante del mega apagón, la autoridad fiscalizadora le formuló cargos por no mantener las instalaciones en condiciones, además de reactivar un esquema de protecciones sin autorización, lo que habría contribuido a la emergencia.
Al resto de compañías se les formuló cargos por acciones que habrían contribuido a extender el mega apagón (falta de respuesta oportuna, de sistemas de supervisión o desconexión anticipada).
Para el caso de los consejeros del CEN, la multa que arriesgan puede llegar hasta las 30 UTA, unos $24 millones aproximadamente, que saldrían del patrimonio de cada uno. Por otro lado, las empresas podrían pagar unas 10 mil UTA, $8.270 millones.
