El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se pronunció este jueves sobre el informe de la Contraloría que reveló que la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la Tía Rica, permitió que más de mil personas con antecedentes penales empeñaran $1.507 millones.
“Para nosotros es un informe de preocupación desde la perspectiva de seguridad pública”, afirmó Cordero, agregando que “ese informe de auditoría entrega y proporciona antecedentes bien relevantes por un factor que, en materia de seguridad, las instituciones que trabajan en torno al Ministerio de Seguridad han estado tratando de focalizar políticas muy específicas y es evitar el contacto de flujos de recursos ilícitos con el Estado”.
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Cordero explicó que “uno debe evitar es que las organizaciones criminales utilicen medios o vehículos legales para poder blanquear sus recursos”, y añadió que “eso todavía es más preocupante cuando se ocupa esos mecanismos de blanqueo con instituciones estatales”.
Asimismo, el ministro sostuvo que “utilizar una función pública asociada al crédito prendario que tiene la Dicrep para blanquear recursos por parte de organizaciones que cometan delitos es una situación muy preocupante que nosotros, al margen de lo que enseñó la Contraloría, nosotros estamos evaluando los antecedentes desde el punto de vista de seguridad pública”.
INFORME
El informe de la Contraloría indicó que 1.681 empeñantes con antecedentes penales realizaron operaciones de manera recurrente por un total de $1.507.026.380 y no retiraron las prendas empeñadas posteriormente.
Finalmente, consultado sobre una eventual reformulación de la Dicrep, Cordero señaló: “Todos los aspectos que están vinculados a decomisos de bienes nosotros requerimos de una institucionalidad distinta para administrar los decomisos. Desde la perspectiva de seguridad pública nosotros estamos trabajando en un régimen institucional distinto”, agregando que “la reformulación de la Dicrep es un debate que tiene ya un par de décadas. A mí no me corresponde pronunciarme. Sí, respecto a las evaluaciones de riesgo de las operaciones que puedan tener esas instituciones y que pueden afectar la seguridad pública”.
