El Banco Santander ha sido condenado a devolver una suma cercana a los 100 millones de pesos a uno de sus clientes, víctima de un fraude telefónico. El caso comenzó en julio de 2023, cuando la víctima recibió una llamada aparentemente legítima de una mujer que se presentó como ejecutiva de la entidad financiera.
Según la estafadora, la Superintendencia había objetado ciertos cobros relacionados con mantención de cuentas, seguros y tarjetas de crédito. Ante esto se ofrecía a realizar una devolución de dinero.
En un segundo contacto, el cliente entregó sus claves bancarias, confiado en la veracidad de la llamada. Sin embargo, en cuanto compartió la información solicitada, se dio cuenta de que sus cuentas corrientes habían sido vaciadas a través de 34 transferencias.
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LA BATALLA JUDICIAL
El Banco Santander, lejos de asumir su responsabilidad, demandó al cliente, acusándolo de haber facilitado la información personal. La entidad alegaba que fue el propio cliente quien, en su ingenuidad, entregó las claves durante la llamada fraudulenta. Sin embargo, el Juzgado de Policía Local de Chillán no aceptó este argumento y desestimó las demandas del banco.
“El fallo nos da la razón en el sentido de que se ordena la restitución de los fondos. Porque no operaron los mecanismos de seguridad ante los 34 giros de dinero que se realizaron de forma irregular”, afirmó Remberto Valdés, abogado defensor de la víctima.
Según Valdés, la sentencia reafirma que las instituciones bancarias tienen la obligación de proteger los fondos de sus clientes frente a operaciones sospechosas.
LA CORTE RATIFICA LA DECISIÓN
La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la obligación del Banco Santander de devolver los casi 100 millones de pesos sustraídos.
“Estamos muy satisfechos. Esta sentencia marca un antes y un después. Confirma que los bancos deben garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios y no permitir que seamos estafados por terceros”, señaló Valdés.
El banco aún tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso de queja.
