La moción presentada por Johannes Kaiser, quien ha sostenido públicamente que Krassnoff y cerca de 180 militares condenados por delitos de lesa humanidad están presos por “decisiones políticas”, motivó el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema respecto del proyecto que ordena al Servicio Médico Legal identificar los restos humanos que conserva y que corresponderían a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Aunque el tribunal señaló que esta iniciativa no requiere su opinión obligatoria, entregó observaciones de fondo: aclaró que el SML no es un auxiliar de la justicia, cuestionó la premisa de que existan restos sin periciar por falta de órdenes judiciales —ya que todo ingreso ocurre por instrucción del Ministerio Público o un juez— y advirtió sobre la contradicción de priorizar restos “vinculados” a violaciones de derechos humanos antes de realizar el análisis pericial.
Pese a ello, la Corte estimó que el proyecto no afecta facultades del Poder Judicial, pero subrayó la necesidad de asegurar que el SML cuente con recursos suficientes para asumir las nuevas tareas que plantea la propuesta.
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La iniciativa —Boletín N.º 17.095-17— avanza en su primer trámite constitucional y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados la remitió al máximo tribunal.
PROYECTO
En el documento, aprobado por el Pleno, la Corte Suprema afirma que esta propuesta no forma parte de las materias que requieren su pronunciamiento obligatorio, según lo establecido en el artículo 77 de la Constitución y el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
Aun así, el tribunal entregó comentarios de fondo. Primero, precisó que el SML no es considerado un auxiliar de la administración de justicia, ya que no pertenece al Poder Judicial ni está definido como tal en el Código Orgánico de Tribunales.
“El Servicio Médico Legal es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que no corresponde catalogarlo como auxiliar de la justicia”, indica el informe.
DETENIDOS DESAPARECIDOS
La moción plantea que el SML realice análisis para identificar restos óseos sin requerir una orden judicial previa, priorizando los casos vinculados al terrorismo de Estado entre 1973 y 1990. También establece la entrega de reportes semestrales a las comisiones de Derechos Humanos del Congreso y fija un plazo máximo de dos años para finalizar el proceso.
De acuerdo con los impulsores del proyecto, la medida busca enfrentar décadas de retraso estatal en la identificación de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones políticas cuyos restos continúan almacenados en el SML. El texto menciona negligencias institucionales, múltiples traslados de osamentas y daños genéticos por condiciones deficientes de conservación.
La Corte Suprema, sin embargo, cuestiona uno de los fundamentos de la propuesta: la idea de que existirían restos sin periciar debido a la falta de una orden judicial. El tribunal recuerda que todo ingreso de restos al SML ocurre por instrucción del Ministerio Público o de un juez, conforme al Código Procesal Penal o al antiguo Código de Procedimiento Penal.
También marca una contradicción en la priorización de “restos vinculados a violaciones a los derechos humanos”, ya que la determinación de si una muerte constituye una violación de derechos humanos surge del análisis pericial, no de una clasificación previa.
SML DENTRO DEL DEBATE
Aunque el informe concluye que el proyecto no interfiere en las funciones jurisdiccionales, advierte que debe garantizarse que el SML pueda responder adecuadamente tanto a sus tareas actuales como a las nuevas responsabilidades propuestas, considerando la complejidad técnica de las pericias tanatológicas y genéticas.
Además, el tribunal recuerda que el SML ya cuenta con unidades especializadas, como la Unidad de Víctimas de la Dictadura, que trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público, tribunales, la PDI y el Plan Nacional de Búsqueda.
PRONUNCIAMIENTO
En su pronunciamiento, la Corte Suprema:
Reitera que el asunto consultado no se encuentra dentro de los alcances del artículo 77, por lo que su opinión no era obligatoria.
Precisa que el SML no es un auxiliar de la administración de justicia.
Indica que la propuesta no afecta las facultades del Poder Judicial, ya que se enfoca en mecanismos de reporte al Congreso.
Señala la necesidad de asegurar los recursos y capacidades del SML para compatibilizar sus labores actuales con las funciones que propone el proyecto.
El informe ya fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que continuará con la tramitación legislativa.
