En resolución dividida la sala del máximo tribunal, por tres votos contra dos, desestimó -solamente por un detalle formal- el reclamo de los representantes de izquierda quienes pretendían impugnar las enmiendas de la derecha que crean nuevos capítulos en el anteproyecto, vulnerando, según los recurrentes, los principios establecidos en los acuerdos marcos.
Los consejeros oficialistas recurrirán a la decisión a través de un recurso de reposición, en contra de la resolución que rechazó el libelo, por falta de legitimación activa.
La sala integrada por los cinco ministros sorteados para resolver este tema se reunió para determinar la admisibilidad de la reclamación ingresada al máximo tribunal para impugnar las enmiendas y adiciones de los republicanos y CHV. Luego de analizar el recurso el máximo tribunal declaró que la solicitud del bloque oficialista era inadmisible. La resolución fue una decisión divida por tres votos contra dos.
Los ministros de mayoría fueron Arturo Prado, María Cristina Gajardo y Mario Carroza. En tanto, los de minoría fueron los magistrados Andrea Muñoz y Jorge Dahm.
En la resolución los ministros que concurrieron a la mayoría estimaron que no se adjuntó “un certificado del órgano al que pertenecen los firmantes dando cuenta que constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio”. Según el voto de mayoría “los instrumentos ofrecidos resultan insuficientes para tal fin, toda vez que la norma exige una certificación de la legitimación de quienes suscriben el requerimiento y del quórum”.
En tanto los ministros disidentes consignaron en su voto de minoría lo siguiente: “Restringir la comprensión del auto acordado a lo que eventualmente puede ser exigible en otros arbitrios como el recurso de queja regulado en el Código Orgánico de Tribunales altera lo previsto en la Carta Fundamental e impide entrar a conocer y pronunciarse sobre el fondo del reclamo planteado que es lo que en definitiva otorga verdadera certeza a las partes”.
En el recurso oficialista se reclamó por las indicaciones ingresadas por las tres bancadas de oposición -republicanos y Chile Vamos- las cuales buscan crear en total tres nuevos capítulos sobre “Defensa nacional”, para alojar aquí las normas de las Fuerzas Armadas, otro sobre seguridad pública y un último para la Defensoría de las víctimas.






