La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó este jueves la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenando a tres exmilitares como responsables de 14 homicidios ocurridos en 1973 en Barrancas, actualmente conocida como la comuna de Pudahuel.
Los condenados, Jorge Reyes Morel, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi y Pedro Lovera Betancourt, fueron sentenciados a 15 años de presidio mayor en su grado máximo, tras su participación en los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre septiembre y octubre de ese año.
FALLO DIVIDIDO
La resolución del máximo tribunal fue adoptada en un fallo dividido, rechazando los recursos interpuestos por la defensa de los condenados. De esta manera, se ratificaron las sentencias emitidas en diciembre de 2020 por la Corte de Apelaciones, que ya había dictado penas por su involucramiento en los asesinatos.
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En el caso de Jorge Reyes Morel y Pedro Lovera Betancourt, ambos fueron sentenciados a 15 años y un día de presidio, condenados por homicidios calificados y consumados de cinco personas, además del homicidio calificado frustrado de otra víctima.
Por su parte, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi recibió la misma pena, pero fue condenado por el homicidio de seis víctimas, además de otro crimen en grado de frustrado.
Un punto relevante en la sentencia fue el caso de Donato López Almarza, quien también fue condenado por los mismos crímenes, pero el tribunal no se pronunció sobre su recurso de casación debido a su estado de enajenación mental.
Además, las sentencias de otros dos acusados que fallecieron durante el proceso judicial tampoco fueron abordadas.
VOZ DE LOS QUERELLANTES
Francisco Ugás, abogado querellante que representó a las familias de siete de las catorce víctimas, valoró positivamente el rechazo de los recursos presentados por la defensa.
“Las condenas definitivas y efectivas de los exagentes Lovera, Reyes y Fernández, todos del Ejército de Chile, son expresión del férreo cumplimiento del deber de punición o sanción que tiene que cumplir el Estado de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país hace ya casi 52 años”, declaró Ugás.
Sin embargo, el abogado también lamentó la muerte de dos de los exmilitares durante la tramitación del caso, un hecho que dejó “una cierta amargura y una sensación de una justicia que no fue plena”. A pesar de ello, valoró que los familiares de las víctimas finalmente hayan recibido una respuesta por parte del sistema judicial chileno.
LOS CRÍMENES DE 1973
La investigación, liderada por el ministro Mario Carroza, detalla cómo, a partir del 11 de septiembre de 1973, un batallón del Regimiento de Infantería de Montaña N.º 3 “Yungay” de San Felipe, al mando del mayor Donato López Almarza, se desplegó en Barrancas y Quinta Normal.
Durante esta operación, se llevaron a cabo varios allanamientos en campamentos y zonas residenciales, deteniendo y torturando a numerosas personas, quienes luego fueron ejecutadas en fusilamientos en lugares como la “Casa de la Cultura de Barrancas” o cerca del túnel Lo Prado.
Varios de los cuerpos fueron abandonados en el Instituto Médico Legal o en la vía pública, mientras que otras víctimas permanecieron desaparecidas hasta que sus restos fueron encontrados años después en el Patio 29 del Cementerio General.
¿Qué opinas sobre esta ratificación de la Corte Suprema sobre la condena de estos exmilitares?
