En medio del tenso panorama que dejó el debate presupuestario, la negociación del reajuste del sector público irrumpió este miércoles como un examen decisivo para el cierre del gobierno de Gabriel Boric. Más que una lista de demandas salariales, la Mesa del Sector Público (MSP), integrada por la CUT y otras 15 organizaciones, llegó a Teatinos 120 con un mensaje político de fondo: el Ejecutivo debe honrar los compromisos laborales que acumuló durante tres años y medio y que, según los dirigentes, siguen esperando una hoja de ruta clara.
Los trabajadores propusieron un reajuste real del 2% para el período diciembre 2025-noviembre 2026 y un nuevo piso salarial que situaría a los auxiliares, administrativos y técnicos entre un 10% y 12% por sobre el sueldo mínimo vigente y proyectado. La fórmula busca instalar en el Estado un estándar remuneracional más alto que el del sector privado, argumentando que los funcionarios son “quienes sostienen el funcionamiento del país”.
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El pliego también incluye un bono mensual de $63.502 para remuneraciones brutas bajo los $705.768, mejoras en asignaciones históricas, Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones, y un bono de término de negociación que oscila entre $200 mil y $300 mil según tramo de ingresos. A ello se suma una advertencia que excede lo presupuestario: los gremios exigen estabilidad laboral ante el cambio de gobierno y piden que La Moneda reactive la creación de una jurisdicción especializada para resolver conflictos del empleo público, compromiso anunciado para marzo de 2025 que aún no llega al Congreso.
LAS DEMANDAS SON JUSTAS
“Las demandas son justas”, sostuvo Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, quien acusó una “vulneración permanente” de la imagen de los trabajadores estatales. Para la coordinadora de la MSP, Laura San Martín, el pliego pretende corregir un ciclo de precariedades acumuladas: “Esto se trata de justicia económica y estabilidad laboral”.
El mensaje más político del documento apunta a los compromisos incumplidos. La MSP recordó que durante el período se instalaron 10 mesas transversales y 5 sectoriales, en el marco de los protocolos firmados entre 2022 y 2024. Los avances, sin embargo, califican como irregulares: metas sin implementación, plazos vencidos y reformas que, a su juicio, quedaron a medio camino. Por eso, insisten, la negociación 2026 debe incluir la ratificación formal de esos acuerdos y un plan operativo para ejecutarlos antes del fin del mandato.
Entre las materias que la MSP exige destrabar están trabajo decente, reducción de jornada a 40 horas en el Estado, libertad sindical, seguridad funcionaria, incentivos al retiro, teletrabajo, salud mental, equidad de género y cuidado infantil.
Así, la negociación deja de ser un simple reajuste para convertirse en una prueba de cierre: el gobierno debe resolver si su último reajuste salarial será también la instancia donde se ordenen, o se congelen las promesas laborales que acompañaron al sector público durante todo el mandato.
Sector público entrega su pliego: Pide un ajuste real del 2% y un piso salarial muy por sobre el sueldo mínimo | https://t.co/xwNxSjMsKb https://t.co/FZeAovC6Tt
— Eugenio (@etoledog) November 26, 2025
