Diversas organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) expresaron su inquietud ante la implementación de un plan piloto anunciado por el Gobierno, que permitirá el uso de pistolas taser por parte de Carabineros en casos de violencia intrafamiliar.
Esta medida, que comenzará a regir en marzo, busca reducir el uso excesivo de armas de fuego y facilitar la inmovilización de agresores.
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El uso de estos dispositivos estará sujeto a protocolos específicos, los cuales incluyen restricciones como la prohibición de disparar a zonas vitales y el impedimento de su empleo en niños, niñas y adolescentes.
Además, solo podrán ser operados por funcionarios capacitados y certificados, con mecanismos de control para garantizar su correcta aplicación.
DERECHOS HUMANOS
Pese a estas disposiciones, organismos de Derechos Humanos han manifestado su rechazo a la iniciativa, argumentando que este tipo de armas pueden provocar lesiones graves e incluso ser letales. Sobre el tema, se pronunciaron la coordinadora de investigación de Amnistía Internacional Chile, Viviana Cáceres, y el director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.
Desde la oposición, sectores han presionado para extender el uso de las pistolas taser más allá de la violencia intrafamiliar. Así lo señaló el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de DDHH y diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, pidió esperar los resultados del plan piloto antes de evaluar su expansión.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, no descartó la posibilidad de ampliar el uso de estas armas, aunque indicó que cualquier decisión dependerá de la evaluación del programa. Explicó que la restricción actual “tiene que ver con la naturaleza del arma”, ya que no solo emite una descarga eléctrica, sino que también lanza dos proyectiles que se adhieren al cuerpo de la persona, provocando una leve herida.
