Cuando una ley se publica en el Diario Oficial, se espera que su implementación sea pronta. Sin embargo, esto no siempre sucede ya que varias leyes han tenido demoras por la falta de reglamentos.
Un caso emblemático es la Ley Nº 18.168, conocida como «Chao Cables», promulgada en 2019, cuyo reglamento debía estar listo en 2020, pero cinco años después aún no se concreta.
Lea también: Pronostican tormentas eléctricas para el norte del país
Esta normativa establece que las empresas de telecomunicaciones son responsables de la instalación, mantenimiento, traslado y retiro de cables aéreos o subterráneos.
CHAO CABLES
Sin embargo, según Matías Cox, docente de Derecho de la Universidad Andrés Bello, «La ley Chao Cables tenía una bajada reglamentaria que debía realizar la Subsecretaría de Telecomunicaciones. El primer reglamento fue enviado a Contraloría, pero esta no tomó razón, argumentando que varios aspectos no cumplían con la ley».
Cox detalla que el reglamento fue devuelto para correcciones, pero estas también se han demorado.
«Los puntos críticos incluyen las facultades municipales para atender temas técnicos, como el retiro de cables».
MUNICIPALIDADES
Además, identificar al propietario o responsable de cada cable es complejo; si se corta uno erróneo, puede dejar a un cliente sin servicio.
«Las municipalidades, que podrían encargarse de esto, no cuentan con competencias técnicas ni presupuesto para hacerlo”.
En cuanto a la fiscalización, Cox señala: «A diferencia del sector eléctrico, las telecomunicaciones no tienen una superintendencia que fiscalice el cumplimiento de la normativa. Esto no depende solo del reglamento, sino de la falta de institucionalidad».
Subraya que la Subsecretaría de Telecomunicaciones no tiene personal especializado ni la capacidad para sancionar eficazmente, lo que evidencia la necesidad de una superintendencia de telecomunicaciones, similar a las existentes en salud o combustibles.
DEMORAS EN OTRAS LEYES
La Ley «Chao Cables» no es el único caso. La Ley 21.553, conocida como Ley Uber, promulgada en abril de 2023, también enfrenta retrasos.
Cox explica que las leyes sectoriales suelen requerir reglamentos que desarrollen aspectos técnicos.
Otro ejemplo es la Ley de Seguridad Privada, promulgada en marzo de 2024. Aunque su reglamento está en Contraloría, este se demoró en parte por debates sobre el uso de armamento y condiciones de seguridad en establecimientos.
PRIORIDADES
El especialista señala que la elaboración de reglamentos depende del Ejecutivo, que a menudo prioriza temas urgentes para la agenda política, dejando en segundo plano normativas técnicas.
«Por ejemplo, el reglamento de seguridad privada es muy esperado, pero la urgencia en temas de seguridad o transporte copa la agenda, retrasando estas normativas», explica Cox.
Los intereses sectoriales también influyen. En la Ley Uber, los taxis buscaron equiparar las condiciones técnicas exigidas a los automóviles de transporte privado con las de su sector, prolongando el proceso. Además, en el sector eléctrico, los reglamentos suelen ser complejos y enfrentan objeciones de Contraloría, como ocurrió con el Reglamento de Potencia, que tardó años en ser aprobado.
PARTICIPACIÓN Y LOBBY
Según Cox, el lobby, regulado por ley, es esencial en la elaboración de reglamentos, ya que permite al Ejecutivo obtener información técnica de la industria. En la Ley de Seguridad Privada, por ejemplo, este rol fue crucial. Además, la ciudadanía también participa mediante el lobby.
Otro ejemplo es la Ley de Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), promulgada en abril de 2023. Alejandra Valencia, académica de la PUCV, comenta que la implementación de su reglamento ha sido lenta.
«No basta con tener el reglamento, también hay que realizar pruebas, definir la logística y establecer cómo operará el sistema», explica, señalando que las objeciones de Contraloría prolongan estos procesos.
REGLAMENTOS
José Miguel Valdivia, docente de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, destaca que los reglamentos presidenciales están sujetos al control de la Contraloría.
Aunque los plazos formales son breves, en la práctica se generan diálogos informales entre esta entidad y los ministerios para resolver discrepancias técnicas.
Un caso paradigmático fue la Ley de Aborto en Tres Causales, cuya implementación enfrentó dificultades por la objeción de conciencia.
Valdivia recuerda que se intentó resolver mediante un protocolo del Ministerio de Salud, pero la Contraloría lo declaró ilegal, argumentando que debía ser regulado mediante un reglamento presidencial.
Estos ejemplos reflejan cómo los procesos normativos enfrentan desafíos técnicos, políticos y administrativos, prolongando la espera por su implementación.
