Una denuncia fue presentada ante la Contraloría General de la República contra el director del Hospital San José de Melipilla, doctor Óscar Vargas Duranti.
En concreto, el parlamentario republicano Juan Irarrázaval acusó al médico de utilizar recursos públicos del hospital para realizar cesáreas a pacientes particulares, mediante el sistema Bono PAD de Fonasa. Esto le habría generado ingresos personales por más de 90 millones de pesos solo en 2024.
«Estas acciones constituyen una grave vulneración a la obligación de dedicación exclusiva y al principio de probidad administrativa», declaró el diputado a ADN Radio. Asimismo, detalló que Vargas habría realizado 353 cesáreas en el hospital que dirige. De ellas, 153 fueron como cirujano principal y otras 200 como ayudante, todas bajo el sistema PAD, que es financiado parcialmente con fondos públicos.
El parlamentario señaló que el propio director autorizaba estos procedimientos, lo que configuraría un evidente conflicto de interés. «El doctor Vargas es la máxima autoridad del recinto. Si él mismo se autoriza para realizar intervenciones a pacientes particulares con recursos públicos, estamos frente a una situación muy delicada», advirtió.
Lea también: Alcaldes exigen soluciones urgentes por colapso del Hospital San José.
DIRECTOR DE HOSPITAL DE MELIPILLA
Además, la denuncia acusa al médico de mantener una agenda paralela en la Clínica San Agustín de Melipilla, atendiendo consultas privadas durante horarios que podrían coincidir con su jornada laboral en el hospital.
«Vemos una actividad privada reiterada entre semana y los sábados por la mañana, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de su función pública», indicó Irarrázaval.
Cabe señalar que el cargo que ostenta Vargas exige dedicación exclusiva. De hecho, le permite solo labores clínicas o docentes por un máximo de 12 horas semanales y siempre con autorización previa. Según el diputado, no habría constancia de dicha autorización ni de compensación de horas.
La denuncia fue acompañada de documentos, registros de cesáreas y capturas de pantalla de la agenda médica del doctor Vargas. También, se solicitó ampliar la investigación a los años anteriores, ya que el hospital se habría negado a entregar información vía Ley de Transparencia.
Irarrázaval pidió que la Contraloría investigue los hechos, determine responsabilidades administrativas, y de ser necesario, remita los antecedentes al Ministerio Público para que se evalúe un eventual perjuicio fiscal.
