La empresa Sonda presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Ministerio de Transporte, encabezado por Juan Carlos Muñoz, acusando que dicha cartera mantenía una deuda cercana a los $66 mil millones.
Según la compañía, esta situación se produjo pese a que continuaban prestando los servicios tecnológicos para el sistema RED.
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En el documento, al que accedió Interferencia , la empresa afirmó que la continuidad del transporte público en la Región Metropolitana, que atendía a 7 millones de personas, estaba en riesgo debido al impago.
SONDA
Sonda señaló que la autoridad había incumplido el principio de buena fe y que “la contraprestación que el MTT debe pagar a Sonda tampoco se ha pagado (…) monto alguno por la prestación de sus servicios”.
Además, destacaron que estos servicios «Permiten que todo el transporte público de la Región Metropolitana funcione y que millones de chilenos tengan acceso a uno de los servicios más fundamentales que requieren las personas».
La empresa subrayó como un hecho llamativo que el contrato, firmado en febrero de 2023, seguía pendiente de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Este retraso, según el escrito, sería la razón por la cual el MTT no habría efectuado los pagos correspondientes.
SERVICIOS ENTREGADOS
Entre los servicios entregados, Sonda mencionó la validación, provisión de equipos y software, minería de datos, equipamiento de zonas pagas, acreditación, y homologación, entre otros, los cuales estaban detallados en el contrato suscrito con el Estado.
Asimismo, la firma afirmó que, desde hacía dos años, había financiado los costos utilizando su capital propio, lo que había generado una situación económica compleja.
«(…) salvo excepciones, ninguna empresa tiene la capacidad de recursos humanos y económicos que le permitirá cumplir durante 2 años un contrato de esta magnitud”, advirtieron. Añadieron que esta situación no podría prolongarse indefinidamente, generando “un grave riesgo en la continuidad de servicios que son esenciales para la población (…)».
CORTE DE APELACIONES
El interpuesto por Sonda buscaba que la Corte de Apelaciones certificara que la conducta del Ministerio de Transporte atentaba contra la Constitución, que establece que todo ciudadano tiene derecho a desarrollar «Cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público oa la seguridad nacional».
El recurso fue acogido a trámite, y el pasado 2 de enero, el tribunal ordenó al ministerio entregar un informe en un plazo de cinco días para aclarar la situación.
REUNIONES
Según la empresa, durante los últimos seis meses intentaron negociar infructuosamente con el MTT, «sin haber tenido éxito».
Como parte de sus esfuerzos, el 10 de septiembre solicitaron establecer una mesa de negociación, invocando una cláusula del contrato que contempla un mecanismo para la «resolución de controversias».
Sin embargo, según Sonda, el ministerio rechazó esta instancia el 16 de septiembre de 2024, argumentando que «No advierte cuál es la controversia que debe ser resuelta mediante este procedimiento».
Sonda insistió en su postura, pero no recibió respuesta, según lo detallado en su presentación.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y HACIENDA
La empresa también recordó que, en febrero de 2023, cuando se aprobó el contrato en conjunto con el Ministerio de Hacienda, se emitió una resolución que señalaba que «El término de los servicios complementarios prestados por Sonda, afectaría gravemente la operación de todo el Sistema de Transportes, y en consecuencia, podría generar un menoscabo al normal desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales de la ciudad».
Sonda calificó la postura del MTT como una «conducta sistemática» que ponía en riesgo la totalidad del contrato y, por ende, la satisfacción de una necesidad pública esencial.
Según la compañía, el 99% de las empresas que enfrentarán una cesación de pago por la cantidad adeudada ya habrían iniciado un procedimiento de liquidación concursal. Añadieron que, de tratarse de una empresa internacional, probablemente habrían recurrido al CIADI.
Finalmente, Sonda mencionó que, en un oficio fechado el 15 de junio de 2023, el propio MTT reconoció que los montos adeudados debían pagarse, con el objetivo de «Evitar el enriquecimiento sin causa en favor de la administración y conservar el equilibrio económico de las prestaciones».
