La mañana de este jueves se registraron incidentes durante el desalojo del campamento Comité Unión Sin Fronteras, ubicado en el sector de Placilla de Peñuelas en la comuna de Valparaíso.
Personas encapuchadas levantaron barricadas en llamas y lanzaron objetos contundentes contra personal del Control de Orden Público.
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El operativo se inició a las 08:00, en cumplimiento de una orden judicial que afecta a las parcelas 161, 162 y 163, donde previamente ya se había procedido al desmantelamiento de buena parte de las construcciones. En ese lugar residían originalmente 115 familias; sin embargo, al momento del desalojo permanecían aproximadamente 70.
Tal como se describe al inicio, el operativo del jueves comenzó temprano, y se reportaron barricadas en llamas y lanzamiento de objetos a efectivos del Control de Orden Público. En medio de una tensión que puede prever consecuencias difíciles, el conflicto condensa varias dimensiones: seguridad, derecho a la vivienda, propiedad privada, orden público y políticas de vivienda social.
ANTECEDENTES
El terreno en disputa pertenece a un particular que interpuso una demanda por ocupación ilegal.
Las familias que habitan esas parcelas indican que llegaron al lugar en 2022, luego de que el sitio permaneciera años en abandono — lleno de microbasurales según sus testimonios — y que ellas mismas levantaron viviendas con esfuerzo propio.
Según distintos medios, el número estimado de familias varía, pero suele mencionarse alrededor de 115.
Las autoridades judiciales han intervenido: la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó recientemente un intento de postergar el desalojo, por lo que éste quedó fijado para el 30 de octubre de 2025 a las 08:00.
SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS
Las familias del campamento argumentan que carecían de otras alternativas habitacionales, que el sector estaba abandonado y que, pese a ello, levantaron un hogar y redes de apoyo comunitario.
Las autoridades — tanto de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso como del municipio — han indicado que, si bien no pueden detener la ejecución del fallo, se ha conformado una mesa interinstitucional para atender alternativas habitacionales para las familias afectadas.
