Luego de un año marcado por graves episodios de violencia en liceos emblemáticos de Santiago incluido el incendio en el INBA en octubre de 2024, que dejó a más de 30 estudiantes con quemaduras la gestión del alcalde Mario Desbordes (RN) diseñó un nuevo plan de seguridad para los establecimientos educacionales de la comuna.
Desde la Dirección de Educación Municipal (DEM) explican que este plan considera una serie de medidas tanto operativas como disciplinarias.
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Uno de sus ejes centrales es la revisión de todos los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) con el objetivo de incorporar de manera explícita la aplicación de la Ley Aula Segura en los casos pertinentes.
HECHOS DE VIOLENCIA
Promulgada en 2018, esta ley permite la expulsión inmediata de estudiantes involucrados en hechos graves de violencia, como portar bombas incendiarias o agredir físicamente. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada en los últimos años.
Durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC), el municipio optó por no aplicar Aula Segura, al considerarla una política punitiva que no abordaba las causas profundas de los conflictos escolares.
En su lugar, se utilizó el marco de los RICE, elaborados en conjunto con las comunidades escolares, lo que implicaba un consenso teórico de todos los actores involucrados. Las sanciones, como expulsiones o cancelaciones de matrícula, se aplicaron bajo ese marco normativo.
AULA SEGURA
La actual administración, en cambio, ha decidido volver a utilizar Aula Segura, argumentando que se enfrenta a una «Problemática estructural».
En ese sentido, el nuevo plan contempla modificar todos los RICE para «Establecer mayor claridad en la aplicación de debidos procesos e incorporar de manera expresa la Ley Aula Segura cuando corresponda».
Este enfoque ha generado debate, ya que los RICE deben construirse y aprobarse de manera participativa por estudiantes, docentes, apoderados y funcionarios, garantizando así el conocimiento y aceptación de las normas que rigen la convivencia escolar.
MUNICIPIO
Ante las consultas sobre cómo se armonizará esta imposición con el carácter participativo de los RICE, en el municipio afirman que gran parte de las comunidades educativas apoya la medida y que, dado que Aula Segura es una ley vigente, no puede dejarse de aplicar.
Según el alcalde Mario Desbordes, el problema ya no se reduce a la violencia escolar tradicional, sino que también se manifiesta como una «Violencia política» protagonizada por «Pequeñas minorías» encapuchadas que han tomado el control de ciertos liceos mediante el uso de bombas molotov.
PLAZO ACOTADO
El nuevo plan que tiene un plazo acotado, ya que el 1 de enero los colegios de la comuna pasarán a manos del SLEP abarca desde el rediseño arquitectónico de los establecimientos hasta la implementación de protocolos, sistemas de vigilancia y coordinación con otras instituciones.
Para ello, se implementará un modelo de seguridad escolar por capas, basado en un informe técnico elaborado por un especialista en seguridad pública y privada, cuyas recomendaciones ya comenzaron a ejecutarse en el Instituto Nacional, donde se hizo un análisis de la situación actual del recinto.
MEDIDAS BIEN RECIBIDAS
Desbordes destaca que las medidas han sido bien recibidas: «Es muy importante lograr que se erradique este tipo de violencia y que los establecimientos emblemáticos vuelvan a ser lo que siempre debieron seguir siendo: elementos fundamentales en la movilidad social y un orgullo para todas las chilenas y chilenos y la educación pública», señala a La Tercera.
Por su parte, la directora de Educación Municipal, Pilar Sazo, advierte que «La crisis de violencia en la educación pública nos obliga a actuar con máxima coordinación junto a policías y Fiscalía. Desde mayo, por ejemplo, el Instituto Nacional ha estado un mes y medio sin salidas de capucha, mostrando avances claros».
INFORME
El informe considera cinco áreas clave: descripción detallada de cada liceo; diagnóstico de la situación actual; evaluación técnica de las medidas vigentes; un enfoque arquitectónico bajo un modelo ecosistémico; y recomendaciones para construir un plan estratégico de seguridad escolar por capas.
Además, se analizan puntos críticos de la infraestructura como accesos, salidas, patios, zonas de evacuación, estacionamientos y edificios vecinos, con el fin de detectar vulnerabilidades.
También se evalúan las acciones preventivas implementadas, entre ellas cámaras de vigilancia en lugares estratégicos, botones de pánico, sistemas de control de acceso, patrullajes internos, protocolos para proveedores y la instalación de sistemas de audio para emergencias.
APLICACIÓN
Actualmente, el modelo se está aplicando en otros liceos como el INBA, el Liceo 1 Javiera Carrera, el Liceo de Aplicación y el Barros Borgoño. Esto incluye la contratación de más inspectores, personal de seguridad y una inversión importante en tecnología.
Solo en el Instituto Nacional, la instalación de cámaras alcanza un costo estimado de $59 millones, además de sumar seis inspectores y un portero.
«La prioridad es proteger la integridad física y psicológica de estudiantes, funcionarios y visitantes, y establecer protocolos de actuación ágiles y coordinados», afirma el documento.
El plan también define protocolos específicos para convocar a autoridades como Carabineros, Bomberos y la municipalidad, diferenciando el tipo de respuesta según la emergencia: desde protestas pacíficas hasta hechos violentos o infiltraciones.
En lo disciplinario, se contemplan medidas legales, acompañadas por intervenciones psicosociales y trabajo conjunto con las familias.
Finalmente, el modelo incluye estrategias para reforzar la prevención y la convivencia escolar, además de planes de evacuación y simulacros periódicos que aseguren una adecuada preparación ante cualquier eventualidad.
