Nacional y economía

Diputados aprueban en general fin de la UF: Marcel advierte terremoto en crédito hipotecario

Cristian Navarro H.

Periodista

El proyecto contempla terminar con el uso de la UF en contratos de arriendo y matrículas escolares, temas que afectan directamente el costo de vida

Lo que por años fue una idea esporádica en propuestas parlamentarias o promesas de campaña, esta vez logró dar un paso concreto en el Congreso. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que busca eliminar la Unidad de Fomento (UF) como mecanismo de reajuste en contratos de arriendo, planes de salud, educación y créditos hipotecarios. Aunque el avance se produjo con la presencia de solo seis de los 13 diputados de la instancia, el respaldo mayoritario encendió las alarmas en el Ejecutivo.

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La votación contó con cinco apoyos: el presidente de la Comisión, Víctor Pino (PDG), los socialistas Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Ana María Bravo —autores de la moción—, y Gonzalo Winter (Frente Amplio). En contra estuvo únicamente Christian Matheson (independiente pro Evópoli).

El respaldo parlamentario activó una fuerte respuesta del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien acudió a la sesión para advertir de los efectos económicos que tendría eliminar la UF. “No exagero al decir que sería un terremoto para el crédito hipotecario”, sostuvo el secretario de Estado. A su juicio, la medida afectaría gravemente el acceso al financiamiento de largo plazo, especialmente para las familias de ingresos medios y bajos.

Marcel explicó que la UF ha sido clave para desarrollar un mercado hipotecario amplio y estable, con plazos largos y tasas competitivas. Sin ella, los bancos se enfrentarían a una mayor incertidumbre inflacionaria, lo que podría traducirse en condiciones de financiamiento más restrictivas y tasas más altas.

MÁS ALLÁ DE LAS HIPOTECAS: EDUCACIÓN, ARRIENDOS Y SALUD

Pese al foco del ministro en los créditos para vivienda, los impulsores del proyecto insisten en que la prioridad es poner fin a lo que consideran un uso abusivo de la UF en otros ámbitos de la vida cotidiana. “No más colegiaturas, créditos de consumo ni planes de salud en UF”, dijo el diputado Víctor Pino. Desde su perspectiva, eliminar la UF en esos sectores representa una demanda ciudadana que ha sido desoída por décadas.

El proyecto también contempla terminar con el uso de la UF en contratos de arriendo y matrículas escolares, temas que afectan directamente el costo de vida. Marcel advirtió que estos cambios también podrían generar distorsiones, al incentivar precios iniciales más altos como forma de cobertura frente a la inflación. “En educación, hay contratos que establecen anualidades en UF o aranceles que se reajustan mes a mes. Cambiar este esquema requiere un análisis técnico y normativo más profundo”, afirmó.

CMF: RIESGO PARA EL MERCADO DE CAPITALES

A la sesión también asistió la vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Bernardita Piedrabuena, quien reforzó la posición del Ejecutivo. Afirmó que la UF es un instrumento ampliamente utilizado en el mercado financiero, y que eliminarla aumentaría la incertidumbre para los oferentes de créditos. Advirtió, además, que esto podría llevar a una dolarización de los contratos o una indexación directa al IPC, con consecuencias no menores para la estabilidad del sistema.

NUEVA ETAPA: CONSULTAS A ENTIDADES CLAVE

Pese al tenor del debate, la comisión acordó continuar la tramitación con una etapa de audiencias a diversos organismos técnicos, entre ellos el Banco Central, Sernac, las superintendencias de Salud y Educación, y asociaciones de instituciones educativas. El objetivo será evaluar los impactos específicos en cada área y explorar posibles mecanismos alternativos de reajuste.

“Valoramos el avance de hoy, pero también entendemos la necesidad de un diálogo amplio. El compromiso es legislar con responsabilidad”, dijo el diputado Manouchehri.

Así, el Congreso abre por primera vez en serio la discusión sobre el futuro de la UF, una herramienta que ha acompañado la economía chilena desde los años 60. La controversia está instalada, con visiones contrapuestas entre quienes la ven como un escudo frente a la inflación, y quienes la acusan de profundizar la desigualdad en el acceso a servicios esenciales.

 

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