El 12° Juzgado de Garantía decretó las primeras prisiones preventivas en el marco de la Operación Apocalipsis, al ordenar la prisión preventiva de dos de los 70 imputados que figuran en la causa.
Las defensas de ambos acusados no se opusieron, por lo que el magistrado Francisco Ramos dispuso su ingreso inmediato a un recinto penitenciario bajo dicha medida cautelar.
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En la misma resolución, el juez Ramos determinó el arresto domiciliario total para otros seis imputados, todos identificados como “manilleros”, descartando para ellos, por ahora, la prisión preventiva.
TRIBUNAL
Hace instantes, el tribunal otorgó la palabra a las defensas de los 62 imputados restantes, respecto de quienes la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó también la prisión preventiva.
El tribunal adoptará la resolución sobre estas solicitudes de prisión preventiva al término de la jornada o, eventualmente, el próximo lunes.
Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 300 días.
Durante la audiencia, el Ministerio Público formalizó a los imputados por su presunta participación en una organización que habría operado un sistema criminal de cobros y control del tráfico de bienes y servicios ilegales o regulados al interior de las cárceles de San Joaquín y Santiago 1, desde enero de 2020 hasta la actualidad, hechos por los cuales solicitó la prisión preventiva como medida cautelar principal.
IMPUTADOS
La indagatoria identificó distintas denominaciones para las prácticas atribuidas a los imputados, entre ellas “El Delivery“, modalidad en la que los internos solicitaban a funcionarios el ingreso de sustancias, objetos o productos prohibidos o ilícitos, a cambio de favores o dinero en efectivo, una vez que familiares o terceros obtenían los artículos.
También se describe “La Feria“, modalidad mediante la cual gendarmes exigían pagos de altas sumas de dinero para permitir el ingreso de diversos elementos, con precios considerados desproporcionados y abusivos.
Finalmente, la investigación detalla “El Rescate”, práctica que los imputados ejecutaban durante allanamientos o revisiones de celdas.
En esos procedimientos, los imputados omitían realizar denuncias, incautaban objetos y luego los comercializaban, ya fuera con el interno afectado o con otro recluso dispuesto a pagar.
