El conflicto entre el abogado y teniente coronel en retiro, Fernando Fuente-Alba Pinochet, y el Ejército de Chile ya no es una fricción interna. Sino una disputa pública con acusaciones de corrupción, represalias y marginación institucional.
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Fuente-Alba, hijo del excomandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, fue dado de baja tras 18 años de servicio, sin derecho a pensión. Según denuncia en tribunales, la expulsión no fue casual administrativa. Sino el desenlace de una serie de actos de hostigamiento luego de negarse —dice— a alterar un informe oficial sobre licitaciones irregulares.
«ME QUERIAN OBLIGAR A MENTIR»
El abogado, que hoy es defendido por el también exmilitar Rafael Harvey, sostiene que el detonante fue su negativa a falsificar antecedentes que iban a ser entregados a la Contraloría. A partir de ahí, asegura, comenzó una campaña de acoso sistemático al interior de la institución. Esta derivó en problemas de salud mental diagnosticados como trastorno de estrés postraumático en 2023.
Aunque fue dado de alta médica, el Ejército tramitó su retiro definitivo invocando precisamente esos problemas de salud. Sin embargo, omitió —según su defensa— el contexto de persecución y denuncia que rodeaba su estado.
“El mensaje es claro”, plantea Fuente-Alba en su recurso: quien denuncia, será castigado.
LAS IRREGULARIDADES
Para varios dentro del mundo castrense, la señal es fuerte. “Antes habría sido impensado que algo así le ocurriera al hijo de un excomandante en jefe”, dice una fuente ligada al caso. De hecho, el propio Fuente-Alba asegura que su expulsión busca “servir de ejemplo disuasivo” para aquellos que quieran levantar la voz frente a irregularidades.
En su denuncia, no solo apunta al Ejército como institución, sino que habla derechamente de “asociaciones ilícitas castrenses” que protegerían redes de corrupción y blindarían a quienes se benefician del silencio.
Además del recurso por su expulsión, el abogado también está involucrado en una investigación penal a cargo de la ministra en visita Ana María Osorio, relacionada con la unidad militar a la que pertenecía.
“La estrategia es despojarnos de todo —empleo, dignidad, respaldo— para quebrarnos e impedir que otros denuncien. Pero no me voy a callar”, concluye en su declaración ante la justicia.
