El pasado jueves 17 de octubre el coronel (r) del Ejército, Erwin Dimter Bianchi, conocido como «El Príncipe» fue puesto a disposición de la Gendarmería para cumplir su condena por asesinar brutalmente durante el inicio de la dictadura cívico militar al cantautor nacional Víctor Jara.
La ministra en visita para causas de violaciones a los Derechos Humanos, Paola Plaza, junto a un equipo de detectives, rechazó los informes del Servicio Médico Legal y del Instituto Psiquiátrico Horwitz Barak, en los que apuntaban a que Bianchi padecía supuestamente de «enajenación mental»
Al menos uno de los certificados médicos que estaba utilizando el asesino de Jara para evadir la cárcel había sido emitido por un psiquiatra contratado por su defensa.
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«El Príncipe» junto a otros cinco exmilitares eran parte de los oficiales a cargo de los detenidos en el Estadio Chile. Los hombres habían sido condenados por la Justicia a 15 años y un día como autores de dos homicidios y a otros 10 años y un día por sus secuestros calificados.
Y es que en la condena se incluyó también al director de prisiones de la Unidad Popular, Littré Quiroga Caravajal, además del asesinato del reconocido cantante y profesor de la Universidad Técnica del Estado (hoy conocida como USACH), Víctor Jara.
De acuerdo a lo que consignó El Mostrador, la jueza Plaza instruyó a los detectives investigar a Erwin Dimter ya que les llamó la atención su conducta, la que no se correspondía con el diagnóstico. Luego de investigarlo, determinaron que el sujeto había fingido la supuesta enajenación mental.
La magistrada ordenó el ingreso inmediato del asesino de Jara para cumplir la condena de más de 25 años por sus delitos. Antes de aquello, citó personalmente a «El Príncipe» a su despacho para comunicarle la decisión.
Además, se ordenó realizar una nueva reevaluación del estado de salud mental de Dimter para corroborar que fingía.
Esta sería la primera vez que la justicia nacional deja sin efecto certificados que comprueban una incapacidad mental de un condenado. Este recurso había sido ocupado por varios exmilitares que se encontraban en causas por violaciones a los derechos humanos. El caso más emblemático de esto es el del mismísimo dictador Augusto Pinochet.
