En menos de un mes, entrará en vigencia la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que busca restringir el uso de facturas en restaurantes y supermercados.
Con ello, la entidad quiere establecer las exigencias legales de fiscalización. Esto, para que la emisión de facturas restrinja «su uso exclusivo a la compra de bienes o servicios relacionados con el giro o actividad del comprador, que son las únicas que dan derecho al crédito fiscal IVA». En concreto, busca impedir el no pago de IVA cuando no corresponda y evitar la evasión de impuestos.
Desde que el SII anunció la medida, que comienza a regir el 1 de marzo, han surgido algunas voces que apoyan el objetivo de la medida. Sin embargo, critican que sean los supermercados o restaurantes quienes asuman el rol fiscalizador.
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FACTURAS EN SUPERMERCADOS Y RESTAURANTES
En ese contexto, la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) se pronunció y enfatizó en que estarán atentos a cómo se desarrolle este proceso desde su entrada en vigencia.
«La Defensoría del Contribuyente comparte el criterio de que el mal uso o abuso de estas facturas genera un impacto negativo que no puede ser normalizado en un sistema tributario justo. Pero hay puntos que se deben analizar cuidadosamente y corregir si llegasen a constituir una vulneración de derechos de las y los contribuyentes.
Uno de los puntos más relevantes que está analizando la Dedecon es el traspaso y/o delegación de facultades fiscalizadoras a particulares», puntualizan.
DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE
Según consignó La Tercera, Ricardo Pizarro, defensor nacional del contribuyente, sostuvo que «es fundamental que se realice siempre respetando los derechos del contribuyente y entregando la información necesaria para subsanar posibles problemas».
Junto con ello, la Dedecon indica que ellos tienen la obligación de garantizar que toda exigencia del SII respete los derechos de los contribuyentes, promoviendo el acceso a la información y la correcta aplicación de la normativa. Por esto, estarán atentos al desarrollo de este proceso desde la entrada en vigencia de la resolución.
