A menos de 48 horas del inicio del desalojo en el cerro Centinela, el conflicto en la megatoma de San Antonio sumó un nuevo capítulo: una acción judicial que busca suspender el procedimiento y que tensiona aún más un operativo ya marcado por la reserva de información y la presión social.
El recurso de protección fue presentado por una mujer que afirma habitar hace más de tres décadas en uno de los terrenos incluidos en la orden de desocupación, específicamente en la parcela 15. La acción, interpuesta sin patrocinio de abogado, apunta directamente contra la Delegación Presidencial Provincial y la inmobiliaria propietaria del terreno, acusando una amenaza de desalojo “ilegal y arbitraria”.
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Más que un gesto individual, el escrito instala un problema mayor para la autoridad: la judicialización del proceso en el momento más sensible del cronograma.
UNA DISPUTA QUE NO ESTÁ CERRADA
La recurrente sostiene que su situación fue revisada por la justicia hace más de una década. En 2013, el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio rechazó una demanda presentada por la inmobiliaria, al no acreditarse dominio ni ausencia de título sobre el terreno. Ese antecedente es hoy el eje de su argumento: que ninguna autoridad administrativa puede desconocer una sentencia vigente ni reemplazar el rol de los tribunales.
Con ello, el recurso transforma el desalojo de una mera operación logística en una controversia jurídica abierta, donde chocan directamente los derechos de propiedad, los fallos judiciales previos y las atribuciones del Estado.
La acción judicial solicita, además, que se suspenda cualquier auxilio de la fuerza pública respecto de su domicilio hasta que exista un juicio que resuelva el fondo del conflicto.
UN OPERATIVO RODEADO DE OPACIDAD
Mientras el recurso abre incertidumbre en el plano legal, el diseño del desalojo continúa envuelto en hermetismo. La Delegación Presidencial ha evitado entregar detalles operativos, argumentando razones de seguridad. Lo poco que se conoce indica que el procedimiento partirá por el sector 11, para luego avanzar hacia los sectores 13 y 15, antes de llegar a Bosques del Mar.
La magnitud del despliegue es inédita para la zona: contingente policial reforzado, apoyo de carabineros provenientes de Santiago, uso de drones y maquinaria pesada para evitar futuras retomas. Incluso se evalúa la instalación de cercos y zanjas en algunos puntos.
Las propias autoridades reconocen que no se trata de un desalojo rápido. El delegado Yanino Riquelme ha planteado que será un proceso “paulatino, parcial y por etapas”, mientras que desde el municipio estiman que podría extenderse por meses.
SALIDAS ACOTADAS PARA LAS FAMILIAS
En paralelo, el Estado ha intentado ofrecer alternativas limitadas. Parte de los habitantes podría acceder a soluciones habitacionales en los terrenos expropiados por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, para quienes no cumplen requisitos, la única opción inmediata es un albergue municipal con capacidad para 148 personas y con estadía máxima de cinco días.
Hasta ahora, según fuentes vinculadas al proceso, no se han registrado solicitudes formales para acceder a ese albergue.
MÁS QUE UN DESALOJO
Lo que ocurre en la megatoma de San Antonio ya no es solo la ejecución de un fallo o un procedimiento administrativo. La presentación del recurso de protección instala una señal clara: el conflicto no está cerrado y podría trasladarse con más fuerza a los tribunales.
Mientras el gobierno intenta avanzar con cautela y sin revelar sus cartas, una familia logró introducir una variable inesperada: la posibilidad de que la justicia vuelva a intervenir, justo cuando las máquinas y las fuerzas policiales ya están listas para ingresar al cerro Centinela.
