Tras la audiencia de control de detención y formalización que amplió la detención del imputado hasta el martes, la familia de inspectora asesinada exige justicia en Calama.
CLAMOR DE LA FAMILIA TRAS EL CRIMEN
La familia de la inspectora asesinada en el Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama rompió el silencio tras el ataque que conmocionó al país. En declaraciones recogidas por T13, exigieron que el responsable “pague” por el crimen y cuestionaron la violencia que terminó con la vida de la funcionaria.
El hecho ocurrió la mañana del viernes, cuando un estudiante de 18 años ingresó con un arma blanca al establecimiento y atacó a funcionarios y alumnos. Producto de la agresión, una inspectora de 59 años falleció en el lugar, mientras otras cuatro personas resultaron heridas, algunas de gravedad.
Desde el entorno de la víctima, el llamado fue directo: esperan sanciones ejemplares y que el caso no quede impune. El crimen, además, abrió un debate sobre seguridad en recintos educacionales y la escalada de violencia escolar.
TRIBUNAL AMPLÍA DETENCIÓN DEL IMPUTADO
En paralelo, el caso avanzó en sede judicial durante este sábado. El tribunal encabezado por la magistrada María Carolina Torrealba, del Juzgado de Garantía de Calama, resolvió ampliar la detención del imputado hasta el próximo martes, para efectuar la formalización. Ello, en medio de diligencias que buscan esclarecer la dinámica del ataque y sus motivaciones.
Según antecedentes del Ministerio Público, el agresor atacó inicialmente a la inspectora, provocándole heridas fatales, y luego arremetió contra otros funcionarios y estudiantes. La investigación sigue en curso y no se han establecido aún las razones detrás del hecho.
La ampliación de la detención responde a la necesidad de reunir más antecedentes, incluyendo peritajes y levantamiento de evidencia desde el entorno del imputado.
AUDIENCIA MARCADA POR RESTRICCIONES
La jornada judicial también estuvo marcada por restricciones de acceso. La defensa pidió al tribunal negar acceso a la prensa, en resguardo de la honra de las personas. El tribunal dispuso limitar la presencia de público y medios de comunicación durante la audiencia, en una decisión vinculada a la protección del proceso investigativo y de los intervinientes.
Esta determinación generó cuestionamientos en el ámbito periodístico, al tratarse de un caso de alto interés público. La exclusión de la prensa en este tipo de instancias suele tensionar el principio de publicidad de los actos judiciales con la necesidad de resguardar la investigación.
IMPACTO Y DEBATE NACIONAL
El crimen ha generado una fuerte conmoción en la Región de Antofagasta y en el país. Autoridades, gremios y comunidades educativas han advertido sobre el aumento de episodios de violencia escolar, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años.
El Colegio de Profesores calificó el hecho como “inaceptable” y llamó a abordar con mayor urgencia la crisis de convivencia en los establecimientos.
Mientras tanto, la comunidad educativa de Calama enfrenta el impacto de un hecho sin precedentes, donde una funcionaria murió intentando cumplir su labor en un espacio que debía ser seguro.
