A pocos días de que se cumpla un año del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de su familia, afirmó que existen «Indicios serios» que podrían vincular al chavismo con el crimen.
En conversación con EFE, Manríquez sostuvo que este hecho «sirvió» para enviar un mensaje de advertencia a los opositores del gobierno de Nicolás Maduro: «Nadie está a salvo».
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Cabe recordar que Ojeda, disidente y refugiado político en Chile, desapareció el 21 de febrero de 2024 cuando un grupo de hombres, vestidos con uniformes similares a los de la Policía de Investigaciones (PDI), lo secuestró.
Las cámaras de seguridad del edificio registraron el momento en que un grupo lo sacó de su departamento en el centro de Santiago. Su cuerpo apareció diez días después, enterrado bajo un bloque de cemento.
INVESTIGACIÓN Y POSIBLE VÍNCULO CON MADURO
Hasta el momento, las autoridades han detenido a personas relacionadas con el caso en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Se trata de integrantes de una célula asociada al Tren de Aragua.
Sin embargo, el abogado señaló que aún falta esclarecer «Quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen».
Según Manríquez, la familia de Ojeda ha sostenido desde el inicio que el gobierno venezolano está involucrado y que el asesinato fue parte de “un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos, en cuya planificación e incluso ejecución pudieran haber participado agentes estatales altamente preparados”.
«No se trata solo de un homicidio horrendo, sino de un plan de eliminaciones selectivas en distintas partes de las Américas», enfatizó el abogado.
Añadió que la Fiscalía cuenta con «Indicios criminalísticos serios», incluyendo «Al menos tres testimonios, más otras evidencias indirectas, que señalan que miembros de la organización estaban en contacto directo con autoridades políticas o militares venezolanas». La investigación, de carácter reservado, fue extendida por seis meses más.
FAMILIA DE OJEDA
Ojeda, de 32 años, formaba parte del Movimiento por la Libertad y la Democracia, una agrupación de militares antichavistas que rechazaban el «Secuestro de las Fuerzas Armadas para una causa política» y desconocían la autoridad de Maduro como presidente y comandante en jefe, según explicó Manríquez.
En abril de 2017, las autoridades venezolanas lo arrestaron junto a otros tres militares, pero logró escapar. Un año después, el gobierno de Maduro lo degradó y expulsó sin juicio previo, junto con otros 23 oficiales.
Ya en Chile, Ojeda adquirió notoriedad en noviembre de 2022 al protestar frente a La Moneda, arrodillado y con una bolsa en la cabeza, en rechazo al chavismo. Según Manríquez, se convirtió en «Un nombre emergente en la resistencia de la diáspora venezolana, particularmente en los cuerpos jóvenes armados».
«Era una persona que generaba demasiada irritación y miedo en las estructuras políticas que ordenaron, según la Fiscalía, perseguirlo y ejecutarlo (…) Había miedo de que lo que Ojeda significaba y defendía siguiera creciendo», sostuvo el abogado.
GOBIERNO CHILENO
El Gobierno chileno le concedió asilo político en 2023 y, según su familia, desde ese momento quedó marcado como objetivo.
Además de identificar a los autores intelectuales del crimen, la viuda de Ojeda ha solicitado investigar si «Por negligencia, desidia, mala fe o simple descuido» las autoridades chilenas facilitaron a las venezolanas su ubicación.
Este punto cobra relevancia debido a un convenio de cooperación bilateral en materia policial que ambos países firmaron semanas antes del asesinato, mencionó Manríquez.
«La familia cree que pudo haber habido negligencia en el tratamiento de sus datos de asilo. Es una de las distintas líneas de investigación que la Fiscalía está obligada a profundizar», agregó.
Finalmente, el abogado concluyó que «Ojeda era necesario para manifestarle a todos los jóvenes disidentes que nadie estaba a salvo en ninguna parte, que iban a ser ejecutados allá donde estuvieran».