Un grupo de 60 familias presentó una demanda contra el Estado chileno por la muerte de sus seres queridos en el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024.
En ella, acusan una falta de preparación y respuesta de los organismos responsables, lo que habría resultado en una tragedia que dejó un saldo de 137 fallecidos. La acción judicial busca una indemnización total de $49.500 millones.
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Los familiares de las víctimas han denunciado falta de aviso oportuno ante la emergencia y la ausencia de medidas de protección.
Según los demandantes esta tragedia pudo haberse evitado si las instituciones encargadas de la gestión de riesgos hubiesen actuado a tiempo. «No hubo nada que nos protegiera ni que nos avisara», declararon sobrevivientes.
FALLO DE LAS INSTITUCIONES
En concreto, la demanda se dirige contra los organismos como SENAPRED, CONAF, la Gobernación Regional de Valparaíso y las Municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, además del Estado y otras entidades gubernamentales a un año del megaincendio.
Se acusa una falta de coordinación y respuesta deficiente que agravó la catástrofe.
Uno de los puntos centrales de la querella es que el Director Nacional de SENAPRED, Álvaro Hormazábal, solo se enteró de la propagación descontrolada del incendio a través de los medios. Esto, debido a la desinformación proporcionada por CONAF.
A pesar de mantener contacto constante con altos cargos de CONAF, estos aseguraban que la situación estaba bajo control y que no se necesitaba apoyo aéreo adicional, lo que resultó en la activación tardía del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
Por su parte, CONAF bajo la dirección de Christian Little al momento de la tragedia, falló en varios aspectos clave: no hubo coordinación efectiva con Bomberos, no se pagó a tiempo un sistema informático que permitía prever la trayectoria del fuego, no se cumplieron planes de reconversión forestal y se desestimaron advertencias sobre la posible expansión del incendio.
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
Las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué también fueron señaladas por su falta de gestión en la prevención y respuesta ante la emergencia.
En la ciudad jardín, el Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias dejó de implementarse bajo la administración de Macarena Ripamonti, lo que significó la ausencia de cortafuegos y la inoperatividad de gran parte de los camiones aljibe.
En Quilpué, aunque existía un plan de emergencias, este no se ejecutó correctamente y no hubo un protocolo claro de evacuación para la población.
A nivel regional, la Delegación Presidencial de Valparaíso y el Gobernador Rodrigo Mundaca también fueron acusados de negligencia. La delegada presidencial subrogante, Paula Gutiérrez, apareció en escena horas después de que el fuego alcanzara zonas urbanas y aseguró que el siniestro estaba controlado, lo que evitó una evacuación oportuna.
CAMINO JUDICIAL
Los abogados que representan a los familiares esperan que las demandas se acumulen en un solo proceso en el 2° Juzgado Civil de Valparaíso. La querella no busca establecer responsabilidades penales, sino una compensación económica por las muertes ocurridas en circunstancias evitables.
«Sabemos que el camino no será fácil, pero estamos listos para enfrentarlo con valentía», declaró el abogado Felipe Olea, uno de los representantes legales.
Con esta demanda en contra del Estado, los familiares de los fallecidos en el megaincendio buscan no solo justicia, sino también evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir por falta de medidas adecuadas.
