La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) valora la detención de Armando Fernández Larios en Estados Unidos y pide se tramite su extradición. El ex agente de la DINA fue calificado por autoridades migratorias estadounidenses como “lo peor de lo peor”.
DETENCIÓN EN EE.UU.
La AFEP valoró que Armando Fernández Larios fuera detenido en Estados Unidos en el marco de operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La detención tiene como objetivo su expulsión del país norteamericano. Según la agrupación, este hecho reactiva procesos largamente estancados.
La organización destacó que la detención no se vincula a un nuevo proceso penal en Estados Unidos. Se trata de una medida administrativa por su condición migratoria y peligrosidad. Aun así, la AFEP sostuvo que el efecto puede ser decisivo.
Para la agrupación, la expulsión aparece como el camino más expedito. Los procesos de extradición tramitados durante años no han logrado resultados. Esta vía permitiría que Fernández Larios enfrente a la justicia chilena.
QUIÉN ES FERNÁNDEZ LARIOS
Armando Fernández Larios fue oficial del Ejército e integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La DINA fue el principal aparato represivo de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Según la AFEP, Fernández Larios tuvo un rol activo desde el 11 de septiembre de 1973.
La declaración lo identifica como uno de los agentes más comprometidos con la política represiva. Su nombre aparece en múltiples causas por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, ha permanecido en situación de impunidad respecto de varios de esos hechos.
La agrupación recordó que Fernández Larios actuó bajo la dirección de Manuel Contreras. Su participación se extendió tanto en Chile como en el extranjero. Los crímenes atribuidos forman parte de investigaciones judiciales en curso.
CRÍMENES Y CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS
La AFEP señaló que Fernández Larios está vinculado a la Caravana de la Muerte. Por estos hechos enfrenta solicitudes de extradición por crímenes cometidos en La Serena, Calama y Pisagua. Estas causas se encuentran pendientes ante tribunales chilenos.
Asimismo, está requerido judicialmente por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria. También por el crimen del ex canciller Orlando Letelier y de su secretaria, Ronni Moffitt. Ambos asesinatos tuvieron impacto internacional.
La organización destacó que se trata de crímenes de lesa humanidad. Estos delitos no prescriben ni admiten amnistía. Su juzgamiento constituye una obligación del Estado chileno.
CONDENA EN EE.UU. Y ACUERDO JUDICIAL
Fernández Larios fue condenado a siete años de cárcel por la justicia estadounidense. Sin embargo, solo cumplió cinco meses de prisión. Esto ocurrió tras un acuerdo con fiscales de ese país.
Para la AFEP, ese antecedente refuerza la necesidad de que sea juzgado en Chile. La agrupación sostuvo que ese acuerdo consolidó décadas de impunidad. La detención actual podría revertir ese escenario.
La organización afirmó que las víctimas y sus familias siguen esperando justicia. A más de 50 años de los hechos, las causas continúan abiertas. La expectativa es que esta vez el proceso avance.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES CHILENAS
La AFEP exhortó a las autoridades chilenas a actuar con urgencia. Pidió realizar todas las gestiones necesarias para que la expulsión se concrete a la brevedad. El objetivo es que Fernández Larios enfrente a los tribunales nacionales.
La agrupación subrayó que los intentos previos de extradición no han sido efectivos. Por ello, consideran que esta vía administrativa debe ser aprovechada. La oportunidad no debe perderse.
El llamado se dirige a los poderes Ejecutivo y Judicial. La AFEP enfatizó que el Estado tiene una obligación internacional. Esta se relaciona con la garantía de no repetición.
MEMORIA, VERDAD Y NO REPETICIÓN
La declaración sostuvo que la detención renueva las esperanzas de verdad y justicia. La AFEP afirmó que este compromiso es irrenunciable. También lo es para las agrupaciones de detenidos desaparecidos a nivel nacional.
La organización remarcó que la vigencia de los derechos humanos es irrestricta. No admite excepciones ni relativizaciones. El juzgamiento de los responsables es parte de esa exigencia.
Finalmente, la AFEP recordó que las familias siguen luchando. Lo hacen por las víctimas, por los sobrevivientes y por la sociedad. La detención de Fernández Larios es vista como un paso relevante en ese camino.
