Este jueves no fue un día común para el Estado chileno. Luego del feriado por las Glorias Navales, el regreso laboral llegó cargado de tensiones. ¿La razón? Hace unos días, la Contraloría General de la República destapó un escándalo mayúsculo, donde destapó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024.
La denuncia cayó como un balde de agua fría sobre el aparato público. El informe revelado este martes por la Contraloría encendió las alarmas en La Moneda, provocó una ola de reacciones y llevó al Ministerio Público a iniciar una investigación penal de oficio contra todos los involucrados.
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INVESTIGACIÓN POR FRAUDE AL FISCO
El fiscal nacional Ángel Valencia ordenó que el caso quedara en manos de la Fiscalía Oriente, dirigida por Lorena Parra. Esta fiscalía ya lleva causas vinculadas a licencias fraudulentas, lo que permitiría conectar investigaciones previas con el nuevo caso masivo.
Entre los posibles delitos que se investigarán están uso malicioso de instrumento público y fraude al fisco, especialmente en los casos de funcionarios afiliados a Fonasa, ya que el financiamiento de sus licencias recae directamente sobre el Estado.
Además, los médicos que emitieron los permisos también están bajo la lupa. La Fiscalía indagará la posible existencia de licencias falsas o irregulares.
LAS CIFRAS
El noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, entregó datos preocupantes: 25.078 funcionarios públicos salieron del país durante sus licencias; se emitieron 35.585 licencias médicas entre 2023 y 2024, de las cuales un 69% corresponde a Fonasa, y un 31% a Isapres; y, hubo 59.575 entradas o salidas del país asociadas a estos permisos.
Los viajes se concentraron mayoritariamente entre septiembre y diciembre, con una duración promedio de 17 días de reposo por licencia.
La Región Metropolitana lidera con el 43,7% de los movimientos detectados, seguida por Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%).
En cuanto a instituciones, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encabeza la lista con 2.280 licencias en esta situación, seguida por Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719).
El informe también reveló situaciones que rozan lo insólito. 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 entradas o salidas del país durante sus licencias médicas. Y 13 de ellos concentran el 25% del total de permisos investigados.
Uno de los casos más llamativos es el de un trabajador del área de salud que se otorgó una licencia a sí mismo, aprovechando ese tiempo para viajar al extranjero.
DAÑO AL FISCO
Lo más grave no es solo la cifra. Lo que más inquieta es el uso del sistema previsional como pasaporte para vacacionar, afectando directamente al erario público y la credibilidad de las instituciones. En los casos Fonasa, el Estado pagó por reposos médicos que terminaron siendo días de descanso en el extranjero.
La Contraloría ya anunció la apertura de sumarios administrativos masivos, mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa querellas contra los responsables. El Ministerio Público, por su parte, avanza con una investigación penal que podría derivar en procesos judiciales de gran alcance.
