Nacional y economía

Fiscalía formalizó a 22 imputados por red de trata de personas

Javiera Sanzana

Periodista

Fiscalía
La Fiscalía formalizó a los detenidos por trata de personas con fines sexuales, facilitación del ingreso de extranjeros para prostitución y asociación criminal.

El Ministerio Público detectó millonarios movimientos de dinero y bienes adquiridos con fondos ilícitos. En una audiencia que se prolongó hasta la madrugada, la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta y su unidad SACFI formalizaron a 22 personas detenidas el jueves pasado en un amplio operativo contra organizaciones vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La investigación, desarrollada junto a brigadas especializadas de la PDI, permitió desarticular varios clanes que operaban desde 2023. Durante el procedimiento se recuperaron $86 millones en efectivo, joyas y documentos que respaldarían un flujo ilícito cercano a $3.936 millones en operaciones financieras.

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También se incautaron vehículos de lujo avaluados en $252 millones y dos propiedades registradas a nombre de los imputados, presuntamente compradas con recursos de la actividad ilegal.

FORMALIZADOS

La Fiscalía formalizó a los detenidos por trata de personas con fines sexuales, facilitación del ingreso de extranjeros para prostitución y asociación criminal.

Además, imputó a las cúpulas por lavado de activos y asociación ilícita, mientras que a una de las acusadas se le atribuyó tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

ESTRUCTURA DE LA RED

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, se trataba de una organización transnacional compuesta por clanes criminales que administraban prostíbulos clandestinos y un café destinado al comercio sexual.

Sus integrantes cumplían distintos roles: captación y control de víctimas, gestión operativa, logística, seguridad y encubrimiento de recursos mediante testaferros.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

La investigación patrimonial reveló diversas maniobras de ocultamiento de dinero, como uso de empresas ficticias, operaciones cruzadas, movimientos en efectivo, simulación de actividades comerciales, dispersión de fondos mediante microtransferencias y ocultamiento de bienes.

Las organizaciones reclutaban a las víctimas en sus países de origen o en Antofagasta, aprovechando su vulnerabilidad y, en muchos casos, su situación migratoria irregular.

DECLARACIONES DE LA FISCALÍA

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, subrayó la magnitud del caso: «Estamos hablando de casi $4.300 millones en flujos de dinero y bienes que habrían estado en poder de estas bandas y que fueron detectados y, en algunos casos incautados, lo que da cuenta del poder económico que tenían y de la importancia que adquiere la investigación patrimonial para el éxito de la persecución penal».

Agregó que es la primera vez desde la Reforma Procesal Penal que se formaliza por trata de personas, asociación criminal vinculada a este delito y lavado de activos con delito base en trata: «Esto es inédito en la región, porque estamos investigando todos los delitos y la arista patrimonial, lo que permite efectivamente cortar el flujo de dinero de estas organizaciones y además recuperar patrimonio», afirmó.

OPERATIVO

El operativo se llevó a cabo el jueves pasado con la participación de más de cien funcionarios de BRIANCO, BRILAC y BITRAP, provenientes de distintas regiones, además de efectivos de las prefecturas de Antofagasta y El Loa.

El prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal, jefe de la Región Policial de Antofagasta, destacó: «Esta investigación, orientada a desarticular delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos, refleja el trabajo mancomunado y sostenido que, a través de un enfoque científico-técnico, nos ha permitido reunir los medios de prueba necesarios para enfrentar organizaciones criminales de alta complejidad y entregar mayor seguridad a la comunidad».

Finalmente, el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para 21 imputados, mientras que una mujer quedó con arresto domiciliario, arraigo y prohibición de contacto con las víctimas.

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