La Fiscalía abrió una línea de investigación que cambia por completo el foco sobre los incidentes registrados en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). Tras la detención de 15 estudiantes por los hechos vinculados a los llamados “overoles blancos”, el Ministerio Público sostuvo que los adolescentes no actuaron solos y que detrás de ellos habría adultos, incluyendo docentes actuales, exprofesores y exalumnos, que facilitaron recursos, logística e instrucciones para confeccionar artefactos incendiarios.
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En la audiencia, la Fiscalía formalizó a tres menores, uno de 14 años y dos de 17, por confeccionar y lanzar bombas molotov, además de provocar desórdenes públicos. A solicitud de la Fiscalía, la jueza Vania Boutaud decretó arresto domiciliario nocturno y supervisión del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez (ex-Sename) durante los 90 días que durará la investigación. Los otros 11 estudiantes quedaron apercibidos.
Pero el elemento que tensionó la audiencia fue otro: según la fiscal del caso, existen antecedentes de que adultos participaron en la planificación y financiamiento de los ataques, facilitando materiales e incluso coordinando movimientos.
“Hay instigación de terceros”, afirmó la persecutora, apuntando a docentes y exalumnos.
PRUEBAS CLAVE: REGISTROS DE CÁMARAS Y DRONES
Entre las pruebas presentadas se incluyen imágenes de cámaras de seguridad, drones y testimonios de funcionarios y testigos. En estos registros se observaría a los imputados dentro del establecimiento preparando artefactos incendiarios con paños y líquidos inflamables, junto a otros 30 estudiantes.
La jueza Boutaud calificó los hechos como de “extrema gravedad”, enfatizando que los ataques se realizaron desde el interior del colegio hacia el espacio público, poniendo en riesgo a estudiantes, vecinos y Carabineros.
MUNICIPIO ENDURECE POSTURA Y GOBIERNO EVALÚA ACCIONES PENALES
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que no habrá espacio para negociaciones con quienes participen en actos violentos y anunció la instalación de nuevas cámaras de vigilancia solicitadas por profesores y apoderados.
“Con quien lanza una molotov no hay diálogo; las herramientas deben ser penales”, dijo el edil.
Desde el Gobierno, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, informó que evalúan presentar una querella criminal, pues el uso de bombas molotov constituye un delito bajo la Ley de Control de Armas.
