La crisis de seguridad en la Macrozona Sur cruzó por primera vez el umbral de la justicia internacional. La Asociación de Contratistas Forestales denunció al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y afirmó que por casi tres décadas han sufrido ataques violentos mientras las autoridades no han garantizado condiciones mínimas de vida y trabajo.
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DENUNCIA INTERNACIONAL
La Asociación de Contratistas Forestales presentó la acción a fines de julio en la sede de la CIDH en Washington. Según la agrupación, lo que se pide no son indemnizaciones, sino medidas urgentes para que Chile cumpla con su obligación de proteger a los trabajadores forestales y sus familias. El gremio sostiene que los ataques —que califican como actos terroristas— se han intensificado en los últimos 12 años, en medio de una escalada de violencia rural.
LO QUE BUSCAN LOS CONTRATISTAS
René Muñoz, presidente de la Asociación, recalcó que el objetivo es que la Corte obligue al Estado a restituir el Estado de Derecho en la zona. Por su parte, el abogado Rodrigo Ruiz explicó que la denuncia se basa en la vulneración de derechos fundamentales, como la vida, la seguridad y el trabajo.
“Lo que se busca es que el Estado sea responsabilizado y que adopte medidas concretas de protección. Esta no es una acción para obtener compensaciones económicas”, aclaró Ruiz.
A LA ESPERA DE ADMISIBILIDAD
La presentación aún debe pasar el filtro de admisibilidad, lo que definirá si la CIDH abre un proceso contra Chile. En caso afirmativo, se trataría de un precedente inédito: que un gremio productivo acuda a instancias internacionales para denunciar sistemáticas violaciones de derechos humanos vinculadas a la violencia rural.
